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La reformo del Estado que encara el gobierno del presidente Tabaré Vázquez incluirá normas que modificarán el régimen de inamovilidad de los funcionarios públicos estableciendo diferencias entre empleos “permanentes” y “a término”.

Además, habrá un “aggiornamiento” para definir las áreas estatales que el gobierno progresista considera estratégicas y las que no tengan ese nivel podrán regirse por el derecho privado. Algunas áreas estatales están “tremendamente envejecidas”.

Así lo señaló el novel director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, durante una disertación denominada “De qué hablamos cuando hablamos de transformaciones democráticas del Estado”.

“La reforma del Estado debe hacerse con los trabajadores” para que tenga respaldo y posibilidades de éxito y entre sus objetivos deben estar “transformar audazmente el derecho público y hacer que el núcleo central de nuestras empresas permanezcan en la esfera del Estado cuando son consideras estratégicas”.

Para ser eficientes “no es necesario pasar al derecho privado, pero el derecho público se debe aggiornar porque está tremendamente envejecido”, afirmó.

Rubio dijo que en el tema de la reforma del Estado “no se puede ser esquemático” y destacó que algunas áreas de la actividad pública “se hacen buenos negocios y pueden derivarse a financiar otras actividades en el marco del derecho privado”.

La corrupción en la mira

El director de la OPP destacó que entre los objetivos se incluye “informatizar, desburocratizar, desconcentrar y descentralizar todo lo que se pueda” en el Estado.

De esa forma “se posibilitará mayor acceso y control de los ciudadanos sobre la tarea oficial, habrá mayor transparencia y mejores posibilidades para luchar contra la corrupción”, afirmó.

El ex senador destacó que “seguramente” el proyecto de reforma “encontrará resistencias” porque “las instituciones del Estado tienen inercia institucional”, pero afirmó que los cambios y modernización “se hacen imprescindibles”.

Rubio defendió la necesidad de poner fin a las inequidades salariales dentro del Estado que calificó de “brutales” y destacó su preocupación por el actual sistema de destitución de funcionarios públicos.

“El Estado tiene que tener la posibilidad de contratar empleados no permanentes”.
Junto al subdirector de la OPP, Conrado Ramos, y el equipo que los acompaña en la elaboración de la reforma del Estado,

Rubio realizó una extensa exposición en la que explicó los alcances de una de las principales iniciativas que aspira a concretar el presidente Tabaré Vázquez.

Lo que se viene

El ex legislador de la Vertiente Artiguista aclaró que si bien parte de la reforma ya comenzó a ponerse en marcha, se requerirá un nuevo período de gobierno para instrumentar todas las modificaciones en el funcionamiento del Estado.

“Somos partidarios de modificar el derecho público y que el núcleo central de las empresas públicas se rija por el derecho público”, precisó.

Reconoció, sin embargo, que es necesario actualizarlo, porque a su entender “las empresas públicas no deben tener concepciones esquemáticas”.

“Hay negocios que pueden hacerse en el marco del derecho privado. Si son sectores estratégicos sólo se regirán por el derecho público, si no son estratégicos se analizará”, afirmó.

Rubio opinó que “el progresismo uruguayo” se debe un debate sobre “qué es estratégico y qué no lo es”.

El nuevo sistema integrado de escalafones para los funcionarios públicos incluido en la Rendición de Cuentas que analiza el Senado, no sólo abarca a la administración central sino también a los entes.
Rubio dijo que el objetivo del gobierno es “solucionar las brutales inequidades salariales” que existen en el Estado.

Respecto a la inamovilidad y el margen que existe para destituir a los funcionarios que “no cumplen con la Constitución”, Rubio dijo que se trabaja en el decreto 500, a los efectos de establecer nuevos elementos que faciliten la remoción.

El director de la OPP dijo que el tema será analizado y se buscará un acuerdo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

En la próxima Rendición de Cuentas se introducirán actualizaciones que regulen las dos categorías de funcionarios públicos, para los trabajos “permanentes” se mantendrá el carácter de funcionario público, mientras que se realizarán contratos a término para las actividades temporarias.


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