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EDITORIAL DEL DIARIO EL OBSERVADOR

publicado en Entrevistas Destacadas | 0 Comentarios

El campo laboral no es por cierto una de las áreas donde el gobierno ha cosechado más éxitos.

Lo evidencia, entre otros temas como las ocupaciones y los piquetes, el recrudecimiento de conflictos generados por la ley de tercerizaciones, un texto originalmente desprolijo y que el propio gobierno tuvo que enmendar aunque lo hizo a medias.

A problemas ya detonados en el sector público, se le acaba de agregar un paro y una demanda judicial del sindicato metalúrgico contra Tsakos, la principal empresa naviera del país.

La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) denuncia que Tsakos no permite el ingreso de un grupo de trabajadores al dique de la firma.

Pero Daniel de Siano, directivo de la empresa y de la Cámara Naval, informó que el conflicto se originó en que un grupo de trabajadores demandó a dos empresas subcontratistas y reclama que Tsakos asuma responsabilidad solidaria.

Es comparativamente secundario que la exigencia viole la ley, que eliminó del texto aprobado en enero de 2006 la responsabilidad solidaria, convirtiéndola en subsidiaria si la empresa contratante toma algunos recaudos, lo cual es algo menos gravoso.

El sindicato metalúrgico no se caracteriza precisamente por su respetuoso apego a las normas, ya que dos de sus dirigentes –Luis Vega y Alba Colombo– sostuvieron hace pocos días en la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento la monstruosidad jurídica de que las ocupaciones son legítimas porque, créase o no, las empresas “son un bien social” en el que “no corre el derecho de propiedad”.

Lo más grave es el efecto nocivo que la ley de tercerizaciones tiene sobre la producción y el trabajo, realidad que fue advertida profusamente cuando apareció la iniciativa desde el Parlamento y que se aprobó entre gallos y medianoche.

Luego el gobierno, que reconoció errores en dicha ley, optó por introducir modificaciones menores para no enfrentar la dura oposición sindical a cualquier modificación de la ley.

Lo ocurrido en Tsakos no es la primera prueba de los problemas que iba y va a generar dicha ley.

El año pasado el Poder Legislativo se vio forzado a rescindir el contrato con una empresa de limpieza porque sus trabajadores anunciaron una acción judicial en la que iban a incluir al Parlamento por responsabilidad solidaria.

Y ya antes se habían producido casos de trabajadores que perdieron sus empleos en portería y vigilancia de edificios por el peligro de que los propietarios debieran responder por incumplimientos laborales de empresas contratadas sin poder controlarlas.

La debilidad conceptual de la ley fue, desde el primer momento, convertir a quienes contratan servicios de otras empresas en responsables por omisiones de compromisos laborales o previsonales con trabajadores que son empleados ajenos.

Con la ley de tercerizaciones el gobierno simplemente se sacó de encima su responsabilidad de control, transfiriéndola a empresas que difícilmente pueden controlar los incumplimientos de firmas que contratan.

Los resultados de este notorio mal paso están a la vista.


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