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El Consejo de Ministros aprobó el lunes 5 de mayo el proyecto de ley de educación luego de un prolongado debate que promete seguir en el Parlamento.

Si bien bastan los votos oficialistas para aprobarlo, las cosas no están fáciles ni en la interna ni con los sindicatos. Su sector ha sido de los más críticos a la propuesta del Ministerio de Educación y Cultura e incluso elaboró un anteproyecto propio. ¿Cómo se posiciona hoy en la discusión?

Carolina Porley

—La discusión tiene un aspecto bueno y otro malo. Éste no es un tema que sea indiferente a la gente y eso es gracias a que fue abierto al debate. Lo malo es que retrasa la aprobación de la ley.

Creemos imprescindible que exista una nueva ley general de educación y tengo la intención clara de arribar a ella este año. La realidad del país lo demanda.

Además, las leyes de por sí no resuelven la totalidad del problema ni son de una vez para la eternidad. De ahí la importancia, prevista en el proyecto, de que se realicen periódicamente congresos de educación para ir evaluando las líneas de la política educativa.

—La ley no va a ser eterna, pero tampoco se la piensa como provisoria. Quienes cuestionan esa actitud de que prime su aprobación más allá de las diferencias afirman que la última ley concebida por la imperiosa necesidad de modificar lo heredado fue la de emergencia y duró 23 años.

—Lo que les digo a los compañeros es que si hiciera una lectura de ese tipo estaría omitiendo una serie de elementos que en el panorama nacional han cambiado.

En estos 23 años nunca tuvimos un gobierno de izquierda progresista. Hay cosas que tendrán que evolucionar de acuerdo a las condiciones que se den, más allá de que algunos tengamos la convicción de que lo mejor pasa por otros carriles.

—¿Se refiere a los grados de cogobierno?

—Sí, claro.

—Hay quienes creen que la educación debería estar conducida por los actores involucrados y ven la injerencia política como caprichosa –con líneas educativas que cambian cada cinco años–, y quienes consideran que el gobierno no puede resignar una herramienta clave en la implementación de un proyecto de país. ¿Qué reflexión le merecen esos argumentos?

—La materia educativa es del conjunto de la sociedad. Está vinculada a las orientaciones que esa misma sociedad expresa a través de los mecanismos de la democracia representativa. No es distinta la gente que se expresa en un lado de la que se expresa en otro.

Ése es para mí un argumento fuerte para estar convencida de que la educación tiene que estar gobernada por los actores sociales. No creo que alguien esté pensando en crear un sistema educativo descolgado de las otras políticas.

Sería totalmente loco. Además lo que estamos creando es un sistema y no existe sistema que esté en el vacío. La enseñanza universitaria tiene autonomía y cogobierno desde mediados del siglo pasado.

Si bien como universitaria creo que hay cosas a corregir, no pienso que la Universidad ha estado cien por ciento de espaldas a la realidad nacional. Ahora, políticamente uno tiene que valorar si hay condiciones hoy para el cogobierno. Las diferencias son públicas y notorias.

Si bien seguimos haciendo hincapié en la integración de los consejos, no es ni el único tema ni el principal. Aun desde el cogobierno y de cómo se elaboran las políticas, vemos como clave la creación de consejos participativos a nivel del centro educativo, donde en cada escuela, liceo o escuela técnica los docentes, funcionarios, referentes familiares y estudiantes pueden dar cuenta de sus intereses e ir asumiendo protagonismo.

—Los defensores del cogobierno creen que si el fa no lo consagra estaría violentando una de las banderas históricas de la izquierda. Desde el mec, el director de Educación, Luis Garibaldi, cuestiona ese juicio afirmando que no ha existido ni en el fa ni en los sindicatos un consenso y que se trata de un reclamo más bien reciente.

—Como soy más vieja que Luis te puedo decir que desde el año 1951, cuando peleábamos por la autonomía y el cogobierno, no lo planteábamos sólo para la Universidad. En la historia de este país los primeros ensayos de cogobierno se hicieron en las primeras décadas del siglo xx en la educación media cuando se eligió al bachiller Martín C Martínez y a otro más para el gobierno de Secundaria, por lo que tampoco era exclusivamente un cogobierno docente.

En la izquierda ha habido diferencias. Algunos piensan que es la fuerza que está en el gobierno la que debe participar de forma mayoritaria junto a los docentes.

Se parte de que la educación es cosa de técnicos. No comparto esa idea por tecnocrática y aislada de los intereses populares. La educación es una de las áreas de la actividad humana donde la participación es esencial: sin participación la gente no se educa.

—En relación con los consejos de participación en las escuelas, los maestros temían la incidencia de los padres en los proyectos del centro.

—Tenemos que trabajar nuestras propias limitaciones como docentes. Lo que estamos planteando no es que los padres o las cocineras nos digan cómo enseñar la división.

Pero la participación de los referentes familiares no puede estar acotada a cambiar el vidrio o la lamparita. Yo no sé nada de medicina pero sé cómo quiero ser tratada si me internan.

Tiene que ver con otras demandas de la gente y de los gurises, porque el sujeto de la educación es quien se educa. No por tener 10 años se carece de opinión. Hay experiencias de esto, por ejemplo, en el sur de Brasil.

—Otro punto polémico es el rediseño de los consejos de Secundaria y utu, y la creación de un consejo de educación media básica.

—En la propuesta que elaboramos como Mpp creímos que la educación media básica tiene que tener un perfil marcadamente politécnico en el que se profundice la integración entre educación y trabajo. Nuestros propios compañeros planteaban varios argumentos para conservar los ciclos básicos de utu y Secundaria.

El proyecto de ley plantea la unificación del ciclo básico para darle ese carácter politécnico de modo que los muchachos a los 15 años no egresen con sus manos vírgenes, sin nociones sobre qué es el mundo del trabajo.

Por otro lado, creo importante que los bachilleratos tecnológicos se mantengan en la órbita de la utu, ámbito que hay que fortalecer y revitalizar, para un país que necesita incorporar valor agregado. Respecto de los otros bachilleratos, no sé si se justifica que exista un consejo sólo para ellos.

—Si bien la educación pública es competencia de dos entes autónomos, desde 1985 el mec ha avanzado en la regulación de guarderías y academias.

Se esperaba que el fa revirtiera esto, en vez de consolidar ese rol con nuevas dependencias como el consejo de educación en la primera infancia.

—La educación privada debería estar regulada por los consejos responsables en el ámbito estatal. Se puede autorizar a una institución porque cumple con las normas de higiene, pero acreditar a sus egresados o habilitarla como centro educativo implica otras cosas que conciernen a los entes que constitucionalmente tienen a cargo la educación.

Respecto de la primera infancia, hoy es competencia del mec pero debería pasar al consejo desconcentrado que atenderá a inicial y primaria en la Anep, ya sea para la supervisión de las entidades privadas como para ensayar instituciones pilotos.
Por otro lado, el proyecto introduce la novedad del instituto de evaluación.

La evaluación la veo como una parte clave de la planificación. Lo que no queda claro es en qué órbita va a funcionar, porque si lo coloco como un desconcentrado de la anep, de la udelar o del mec estoy siendo juez y parte.

—El proyecto crea una persona pública no estatal vinculada al mec.

—Son aspectos en los que no hay consenso y que nos hablan de la necesidad de seguir amasando el proyecto. Ahora, hay otros puntos importantes con los que sí estamos de acuerdo. La inclusión de líneas transversales como la educación sexual, la educación física y en derechos humanos.

La búsqueda del tránsito horizontal entre las distintas opciones de formación, para no seguir expulsando gente del sistema. El reconocimiento de que Uruguay es un país plurilingüe: el español, los dialectos portugueses y el lenguaje de señas.

También se establece que la educación en los institutos militares y policiales va a tener una parte regida por los ministerios respectivos y otra por la anep, con los mismos programas y docentes.

Los profesores van a tener la alternativa de elegir en el liceo 1 o en el Liceo Militar, lo que es un componente democratizador muy importante. También lo es el que se establezca por ley que a la adolescente embarazada no se le computen las inasistencias pre y pos parto a la hora de aprobar los cursos.

Es otro punto relacionado con la mirada de género que tanto reivindicamos.

* Diputada de cap-l (Espacio 609); maestra; integra la Comisión de Educación. La entrevista se hizo sobre la base del anteproyecto de ley del 14 de abril.

** Tanto el anteproyecto del 14 de abril como el del mpp pueden consultarse en www.brecha.com.uy

Fuente:Brecha


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