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En la segunda mitad de la década de 1960 se puso de moda la concepción de la dependencia que se caracterizaba por la extracción de excedentes a los países subdesarrollados y por las limitaciones que estos sufrían en su poder autónomo de decisión.

La extracción de excedentes se originaba por los beneficios que las empresas transnacionales enviaban a sus casas matrices limitando la capacidad de inversión en los países subdesarrollados.

En la década de 1980 se originó la más fabulosa transferencia neta de recursos desde los países deudores a los países acreedores.

Esta transferencia alcanzaba al 4% del PBI de los países deudores y consistía en la diferencia entre salidas por intereses de la deuda y beneficios de las empresas extranjeras y la entrada de capitales.

Debido a ello, estos países pagaron en exclusividad los costos de la deuda externa lo que originó caídas del producto, del empleo y de los salarios reales.

Pero en el centro de esta elevada transferencia estaban las relaciones de poder: por un lado se ubicaban los bancos acreedores, que se unieron como verdaderos sindicatos respaldados por sus países de origen y las instituciones financieras como el Banco Mundial y el FMI al servicio de los países acreedores y desarrolladas liderados por los EEUU.

Otra forma de explotación sobre los países subdesarrollados derivó de la evolución desfavorable de los términos de intercambio que surgía por los aumentos de los precios de los productos manufacturados exportados por los países desarrollados e importados por los subdesarrollados y por la caída de los precios de exportación de productos primarios exportados por los países subdesarrollados hacia los países desarrollados.

No es lo que está ocurriendo en los últimos cuatro años, cuando el aumento de precios de los productos primarios está facilitando sustantivamente el crecimiento de los países de América Latina.

Sin embargo, aparecen nuevas informaciones inquietantes.

En el caso de Chile la transferencia neta de recursos enviados al exterior en el año 2007 alcanzó a 30.285 millones de dólares, lo que significa el 44% de sus exportaciones de bienes y que son consecuencia de los beneficios que envían las empresas extranjeras instaladas en el país hacia sus casas matrices ubicadas en los países desarrollados.

Pero lo más significativo es lo que surge de las transformaciones políticas en los países más rezagados de América del Sur como Bolivia, Paraguay y Ecuador.

Las transformaciones en Bolivia pasan en esencia por las históricas desigualdades étnicas que requieren cambios de extraordinaria profundidad, como por ejemplo que la madre de Evo Morales pueda caminar por las veredas de la ciudad de La Paz.

Se trata de cambios económicos, sociales y culturales que necesitan una base de sustentación productiva. Esta surge de sus riquezas minerales que históricamente sufrieron procesos de explotación en perjuicio del pueblo boliviano.

Por ello se justifican las acciones emprendidas por el actual gobierno de Bolivia para recibir un tratamiento más equitativo, más justo en los precios de sus exportaciones minerales a los países de la región.

En Paraguay el triunfo de Lugo pone arriba de la mesa la explotación que han sufrido los paraguayos con los contratos de Itaipú y Yaciretá con la anuencia de dictaduras corruptas de dicho país.

Paraguay tiene el derecho de exportar sus excedentes energéticos libremente y a recibir un precio justo por su principal rubro de exportación.

Para los casos de Bolivia y Paraguay vale una declaración de Ricardo Lagos, cuando era el presidente de Chile quien decía que teníamos el mismo derecho de pedirle a los países hermanos y socios de la región lo mismo que le exigíamos a los países desarrollados.

Sin duda, Brasil y Argentina como países mayores tienen la posibilidad de atender estas demandas de los países más pequeños y más rezagados de América del Sur.

Con el triunfo de Rafael Correa, Ecuador inicia una etapa de transformaciones políticas, económicas y sociales para superar el subdesarrollo y las desigualdades étnicas, de género y entre los distintos sectores sociales.

Tuvimos la oportunidad de escuchar en el Foro de San Pablo al Ministro de Coordinación Económica, Ricardo Patino, sobre el proceso ecuatoriano y especialmente en el cuarto coloquio latinoamericano de la Red Celso Furtado realizado en México entre el 27 y 29 de mayo de 2008 sobre “Opciones para el desarrollo de América Latina: análisis de las experiencias recientes”, en el que también participamos con una ponencia denominada “El gobierno del Frente Amplio: logros y desafíos”.

Patino nos mostró a Ecuador como una patria esquilmada, con un sistema de mafias económicas y políticas, con 7 presidentes en los últimos 10 años que se plantean cambios en las concesiones mineras.

Pero a propósito del tema que estamos desarrollando los contratos petroleros se basan en un precio de 18 dólares el barril de petróleo.

Por lo tanto, en estos últimos años las empresas petroleras se quedaron con la diferencia del precio internacional y los 18 dólares que reciben los ecuatorianos.

Por ello se plantea la revisión de estos contratos petroleros que son un extraordinario ejemplo de la explotación que sufría Ecuador con sus gobiernos anteriores.

Los avances de la democracia electoral con elecciones más libres y justas, la mayor participación de los sectores populares y las consecuencias económicas y sociales de la implementación del neoliberalismo en la región facilitaron los triunfos de gobiernos progresistas que inician etapas de recuperación de sus principales riquezas para terminar con los procesos históricos de explotación.

Una de las diferencias de Uruguay dentro de la región fue la existencia de propietarios nacionales en el sector exportador que permitía la apropiación del excedente y su utilización en el plano nacional.

Cabe la interrogante, ¿cuáles serán los efectos futuros de los procesos actuales de extranjerización de la tierra y de la industria frigorífica?

Fuente:La República


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