Ago
28
Un proyecto de ley procura que las empresas que fabrican y venden artefactos electrónicos los reciban una vez en desuso. Sostienen que es la forma más equitativa de distribuir costos
Dentro de un año y medio la computadora que acaba de comprar ya será obsoleta. Casi lo mismo ocurrirá con el nuevo celular. En la misma medida crece la chatarra tecnológica. Un proyecto busca que estos residuos sean retirados sin peligro.
El senador Alberto Cid (Asamblea Uruguay) presentará el proyecto de ley en la primera sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, en los primeros días de septiembre.
La iniciativa busca subsanar un problema para el que, de momento, Uruguay no tiene respuesta: ¿qué hacer con los artefactos eléctricos o electrónicos que ya no se usan?
Entre los productos electrónicos de gran consumo están las computadoras y los teléfonos celulares.
El ingeniero Juan Grompone estimó en 2007 que había 600.000 computadoras en el país, de las que 100.000 se tiran cada año por obsoletas.
“A eso se le pueden agregar los datos que conocimos de Ancel, que este año superó el millón de equipos de telefonía celular, sin contar a las otras compañías”, apuntó Cid.
El legislador propone la creación de un sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que va desde la reutilización de algunos o todos sus componentes hasta la disposición final, como cualquier otro residuo.
Según el proyecto, personas o empresas autorizadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) podrán recuperar este tipo de material.
Pero además la normativa propuesta propone responsabilizar a las empresas fabricantes o vendedoras de electrodomésticos por recibir aquellos artefactos que ya no se usen, siempre y cuando hayan sido comprados en la misma firma.
El proyecto propone sancionar con multas de entre 1.000 y 5.000 Unidades Reajustables (UR) para quienes incumplan.
En el caso de aquellas infracciones que además supongan un impacto medioambiental negativo, las sanciones podrán oscilar entre las 3.000 y 10.000 UR ($ 3.600.000, al valor actual).
“Gran parte de los equipos de computación que se disponen podrían ser de utilidad en empresas públicas o en oficinas del Estado que tienen graves carencias de equipamiento.
También estamos pensando en instituciones médicas, donde cada vez es más importante mantener historias clínicas legibles y debidamente actualizadas”, señaló Cid.
En la exposición de motivos del proyecto se argumenta la necesidad de legislar en la materia por el alto valor contaminante que representan estos desechos.
“Estos residuos o “basura tecnológica” crecen a un ritmo superior a cualquier otro tipo de residuos. La Agencia Europea Medioambiental considera que el crecimiento de estos triplica a los otros residuos”.
La normativa toma como modelo la de la Unión Europea. Fijará un plazo de 12 meses para que se implemente el sistema. Entre otros puntos exigirá a las empresas el rotulado de sus productos, advirtiendo que los mismos no contienen material tóxico. El sistema también deberá establecer sitios para la disposición final de la “chatarra tecnológica”.
Fuente:El Pais













