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Sep

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POR EL BIEN DE LA JUSTICA Y LA LIMPIDEZ DE LA GESTION, MAS VALE QUE SE ACLARE LA SITUACION DEL COMISONADO PARLAMENTARIO PARA LAS CARCELES

publicado en JUDICIALES Y POLICIALES |

Rodoldo Auzcarriaga y José Luis Suárez son dos de los narcotraficantes por los cuales el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, se habría “jugado la cabeza”. El Ministerio del Interior recibió una lista desde todas las cárceles y jefaturas con los casos en los que el funcionario intervino para lograr traslados y analiza qué acción tomar.

La ministra Daisy Tourné está al tanto de las polémicas actuaciones de Garcé desde que ocupaba una banca en el Parlamento.

El control sobre el tráfico de droga que se realizaba en la Cárcel de Canelones habría molestado al comisionado, que elaboró un informe “con elementos falsos” para sacarse de encima al director del establecimiento.

El jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, le dijo ayer a la diaria que está dispuesto a ir “al Parlamento, a la Justicia o a donde sea” a dar cuenta de los dichos que generaron polémica en torno a “las presiones” que ejerció Garcé sobre su persona para lograr traslados de presos peligrosos sin razones justificadas.

“Estoy muy tranquilo de lo que dije e hice”, agregó Guarteche, en clara alusión a las amenazas de Garcé de enjuiciarlo por difamación.

A principios de semana El País había publicado declaraciones del jefe policial canario en las que daba cuenta de la situación, sin aportar los nombres.

Las declaraciones del jefe se enmarcaban en una nota en que se aportaba la información (errónea) de que la ministra había relevado de su cargo al responsable de la cárcel canaria a raíz de un informe del comisionado, en el que consignaba deficiencias en la atención de salud, aplicación de torturas y casos de corrupción.

Las fuentes policiales canarias explicaron a este medio que el cambio del funcionario fue decidido por Guarteche independientemente del informe y que se debió a razones de salud del oficial.

A su vez, se hizo notar respecto a uno de los elementos aportados en ese documento, acerca de una denuncia de malos tratos, que una vez realizadas las pesquisas correspondientes, éstas arrojaron que el dato estaba “forzado”.

“El preso dijo que le pegaron de atrás y que sus compañeros de celda le habían dicho que fue determinado policía”, explicaron las fuentes. También se enfatizó que el informe asegura que en Canelones hay un solo médico e igual número de enfermeros, cuando en realidad “hay cinco médicos y seis enfermeros”.

¿Por qué entonces Garcé estaría dando a conocer esa “investigación”? Las mismas fuentes policiales de Canelones y otras vinculadas a la Brigada Nacional Antidrogas pusieron sobre la mesa de las suspicacias algunos elementos que manejan como variables que consideraron pertinentes.

El director de la Cárcel de Canelones desde su ingreso estableció un fuerte control al tráfico de drogas, así como a otros elementos que facilitan el manejo del narcotráfico desde las propias celdas: “Llevaba incautados más de 200 teléfonos celulares”, graficaron los informantes.

Antes de ser comisionado parlamentario, Garcé fue defensor de oficio en San José (además de ocupar cargos de gobierno en administraciones pasadas). De ahí que cuando el Parlamento decidió entre varios candidatos, consideró como un plus ese hecho para convertirlo en el primer individuo en ocupar ese cargo. Asumió a mediados de 2005 y vence su cargo en la próxima legislatura.

Hay consenso en el oficialismo para no renovarle el mandato, pero también ya se empieza a barajar la posibilidad de cambiar el perfil de ese puesto, por ejemplo ampliando la cantidad de personas (comisionados) en esa secretaría, aunque con el mismo presupuesto, para despersonalizar la función.

Ya a poco de asumir comenzaron las polémicas en torno a Garcé.

La primera de ellas fue una reedición de ésta, aunque en aquel momento el sistema político miró para el costado, a pesar de que fue directamente implicado por el hombre (ver recuadro).

La revista Caras y Caretas publicó en sus ediciones número 249 y 250 una serie de artículos en los que revelaba el pedido de traslado de cárcel para Rodolfo Auzcarriaga, un ex delincuente “común” integrante de la famosa banda “los tumanes”, devenido capo narco ante la diversificación de las rutas de la droga promovida por los colombianos.

Auzcarriaga fue capturado en marzo de 2005 con 35 kilos de cocaína de máxima pureza que pensaba exportar a Europa, para recaudar un millón de dólares.

Para cuando cayó en desgracia, el hombre ya había amasado fortuna y comprado varios inmuebles en distintos puntos del país, autos, acciones en empresas y hasta un local de pagos Abitab.

Dadas sus características, el hombre fue remitido al Penal de Libertad. Al poco tiempo ya tuvo una primera señal de Garcé, que le solicitó al por entonces director nacional de Cárceles, Enrique Navas, la necesidad de alojarlo en una cárcel del interior.

Un informe elevado por Navas el 2 de mayo de 2006 al ministro del Interior, José Díaz, dio cuenta de que el comisionado “interfería” con el funcionamiento carcelario, entre otras cosas por las insistentes solicitudes de traslado: “El primer pedido fue de un interno de Libertad, ex patrocinado suyo de su época de defensor de oficio en San José, y un notorio narcotraficante que cayó con 35 kilos de cocaína, al que pretendía trasladar al establecimiento de Durazno”.

Si bien el preso no fue al carozo del país, sí logró un pase a Canelones, con el rechazo de buena parte de la Policía. La información publicada en su momento reveló que una vez en territorio canario Garcé intervino nuevamente a su favor.

Quería que lo alojaran en la chacra policial, en la que las medidas de seguridad son menores en virtud del “tipo” de reclusos que allí se envían. El jefe Guarteche frenó esa decisión. Las fuentes actualizaron la situación al día de hoy y explicaron que el narco ya logró su libertad. Pero no por eso cesaron las gestiones del comisionado.

Campanita de alerta Cuando Guarteche hizo públicas las presiones de Garcé, no había aportado aún el nombre de Auzcarriaga.

Tampoco el de dos hermanos detenidos en el marco de la operación “narca” desarrollada en Sauce. Las fuentes explicaron que Garcé planteó la necesidad de realojarlos en la Cárcel de Treinta y Tres y que ya tenía todo arreglado con el jefe de Policía de aquel departamento.

Le dijeron que sí, que se quedara tranquilo. Pero pasó el tiempo y el cambio no se produjo, por lo que el comisionado volvió a la carga, reclamando por la demora. Entonces hubo un intercambio de llamadas entre los jerarcas policiales, instancia en la que surgió que el jefe olimareño “no estaba al tanto de nada”. La mudanza quedó en la nada.

Otro caso que la diaria puede reconstruir trata de José Luis Suárez, quizá el más delicado de todos.

Suárez fue apresado en el marco de la Operación Campanita de la BNA, concretada en setiembre de 2006 y que arrojó una treintena de procesados, la incautación de más de 300 kilos de cocaína y el desbaratamiento de una organización internacional, encabezada por el capo narco Alexander Pareja García.

Suárez fue a parar a Libertad y Garcé logró, asegurando que al hombre lo iban a matar, que lo trasladaran a Cárcel Central, en la Jefatura de Policía de Montevideo.

Las fuentes policiales explicaron que el traslado se produjo por “las insistentes presiones” que el comisionado habría ejercido sobre el director de Cárceles, Julián Rodríguez, y en el entorno de la subsecretaría del Ministerio del Interior.

“Tuvimos que dar cuenta de la situación a la jueza”, explicó una de las fuentes, aclarando que fue para “cubrirse” por si le pasaba algo al narco, pero también para que quedara constancia de la intervención de Garcé.

Las fuentes policiales valoraron que, a diferencia de hace dos años, cuando el funcionario del Parlamento quedó en evidencia y nadie tomó en cuenta las denuncias, ahora sí se pretende ir a fondo. Aunque tampoco existen demasiadas esperanzas.

“Si algo parecido a lo de Garcé hubiera sido cometido por un funcionario policial, seguramente ya lo habían sumariado o dado de baja y condenado públicamente”, dijo una alta fuente policial vinculada a la represión del tráfico de drogas. En medios policiales se considera si el ministerio evalúa todos los elementos pasados y actuales, encontrará méritos para denunciar penalmente a Garcé, ya sea por abuso de funciones o por tráfico de influencias. Sin embargo, el comisionado alega que todo lo que hace se encuadra dentro de su trabajo.

Cuando en Caras y Caretas se publicó la intervención de Garcé por el ex “tumán”, el comisionado le dijo a quien escribe esta nota lo siguiente:

“Me llamó un legislador que había sido consultado por familiares de Auzcarriaga acerca de que tenían intención de promover su traslado a Durazno”.

Una encuesta realizada en 2006 entre los 99 diputados arrojó una contradicción clara. Casi la totalidad (96) negaron rotundamente haber sido quien se comunicó con Garcé.

Los tres que no aceptaron dar su versión fueron Sergio Botana (Alianza Nacional, AN), que dijo que se negaba a responder; Jaime Trobo (Herrerismo), que contestó que no le interesaba hacerlo, y Jorge Gandini (AN), quien alegó que, como no le constaba que hubiera habido tal pedido, prefería no responder la consulta. Todos los demás, entre ellos la actual ministra del Interior, fueron enfáticos al desmentir a Garcé.

Federico Gyurkovits
Fuente:La Diaria


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