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El diputado frenteamplista Esteban Pérez afirmó, pocas horas después de que la Suprema Corte de Justicia declarara la inconstitucionalidad del IRPF a los pasivos, que “parece que los magistrados se olvidan de quien vota y quien asigna cada peso que ellos gastan en el intento de impartir justicia:

La Suprema Corte y los jueces en general se ve que han tenido repentinos ataques de amnesia y se olvidan que algunas venias se votan acá y que tanto la Rendición de Cuentas como el Presupuesto se votan en esta casa”.

Esas palabras son directamente clara amenaza de que se actúa conforme al gusto y la opinión de la mayoría gobernante, al credo oficialista o se corre el riesgo de represalias. Económicas para empezar.

Y eso es un desborde totalitario.

Las afirmaciones de Pérez no fueron “descolgadas” del sentir de esta administración.

Ya antes, el asesor de Comunicaciones de Antel, Michel Visillac había expuesto un pensamiento similar, no contra un Poder del Estado u organismo público, sino contra los medios de comunicación: “si en un programa de TV están hablando mal de Antel y están atacando a la empresa, no puede aparecer en la tanda de ese programa publicidad de la empresa. No sería lógico. Es como tirar la plata. Me puede pasar lo mismo en un diario cuando un editorial habla mal de la empresa y en la siguiente página hay un aviso entero”.

Es decir, reclamaba y argumentaba por lo que consideraba su derecho al manejo de los dineros públicos como si fueran patrimonio propio. Y distribuidos caprichosa y arbitrariamente como premio a la obsecuencia.

El mismo desborde totalitario.

Esta doctrina contra los medios tuvo aplicación directa contra el semanario “Búsqueda” cuando formuló una serie de denuncias contra el directorio del Banco de la República y vio rápidamente cómo se le cortaban las pautas publicitarias.

Y el corolario de esta doctrina -el que exponía Esteban Pérez contra organismos públicos “rebeldes”- la han sufrido ahora en la Rendición de Cuentas, la Fiscalía de Corte y la Corte Electoral.

La Fiscalía, porque su titular, el Dr. Rafael Ubiría, designado por la unanimidad del Parlamento, osó calificar de “inconstitucional” en un extenso, profundo y conceptuoso dictamen el famoso IRPF a los jubilados.

Primero tuvo que soportar la iracundia del ministro Astori y el tropel armonioso de sus subordinados. Y luego el revanchismo y las aspiraciones de un Ministerio propio (de Justicia) del subsecretario de Educación, Felipe Michelini.

Fue el único organismo que no recibió aumentos salariales, y en cambio sí, demoras inexplicables en homologar los nombres sugeridos para fiscalías vacantes, críticas permanentes a sus resoluciones y un afán intervencionista creciente que llega al colmo de reestructurar el servicio sin consultar -por lo menos- a su Jefe.

Ubiría está pagando su independencia técnica, en una actividad que es esencial para la marcha de la justicia y la tutela de los intereses de los ciudadanos.

El desborde totalitario, del pensamiento a la práctica.

La última, y no por ello menos grave, aplicación de esta doctrina y su corolario es lo ocurrido con la Corte Electoral.

Molesto porque las negociaciones políticas para lograr una nueva integración del Cuerpo fracasaron (la oposición sólo tiene representación y mayoría en el organismo), parecería que desde el gobierno se bajó línea para maniatarla en su funcionamiento.

No importa que esta Corte sea la misma que dirigió los comicios del 2004 que marcaron el triunfo y ascenso al poder de la izquierda, que escapó del balotaje por un exiguo porcentaje (obtuvo el 50,69% de los votos).

Como no tienen mayoría es necesario sembrar de piedras su camino y que enfrente a los tumbos el próximo año electoral (elecciones internas, primera vuelta en octubre, eventual balotaje en noviembre).

La Corte -máximo órgano de superintendencia y justicia electoral- pidió, para poder cumplir con sus tareas la provisión de 90 vacantes. Pero en una Rendición de Cuentas donde fueron miles los cargos creados, se le negó la posibilidad de cubrir 90 vacantes y se le permitió sólo 30.

Olvidaron que se trataba de cuestiones funcionales y no políticas, y que la Corte lo que busca es, nada más ni nada menos, garantizar la libre expresión de los ciudadanos a través de su sagrado derecho al voto. ¿Olvido?

El desborde totalitario en su totalidad.


Comentarios

1 Comentario

  1. vicente el Lunes, 15 dUTC septiembre dUTC 2008 - 13:40

    Los de la corte electoral que no pataleen, porque no son representatitivos de la gente hoy, y para hacer lo mismo que hace 4 años, con la misma cantidad de gente les va a dar bien, como ya les dió…aquí este diario no critca el hecho de que quieren mas funcionarios públicos? Incluso lo defiende defiende. No sé, lo del tema de la publicidad es mas polémico, porque hay razones de los dos lados…si fueran empresas privadas no habría duda…antel y el república como estan en competencia con privados quizas deban actuar así, no ute que tiene monopolio, es complicado che.

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