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nov

18

SE TERMINO LA FARRA, LAS MAQUINITAS DEBERAN FUNCIONAR BAJO CONTROL ESTATAL

publicado en Noticias Gubernamentales de Uruguay | 0 Comentarios

El gobierno enviará el mes próximo al Parlamento un proyecto de ley para ilegalizar las máquinas tragamonedas que funcionan por fuera del circuito de juego controlado por la Dirección General de Casinos.

El negocio abarca más de 15 mil maquinitas en todo el país y
recauda más de 36 millones de dólares anuales.

Esto se conoció luego de que el nuevo titular de la DGC, Fernando Nopitsch, concurriera el miércoles 12 a la Comisión de Hacienda de Diputados, convocado por el legislador Jorge Gandini.

Entre otros asuntos se contaba la falta de definición sobre las tragamonedas que funcionan por fuera del control estatal en bares, clubes, cantinas, quioscos y comercios varios en todo el país.

Los empresarios que explotan este negocio se reunieron en una asociación que reclama hace tiempo la legalización de su actividad, argumentando que es el sustento de centenares de familias directamente y de miles de personas de manera indirecta.

En esa línea, el 11 de junio último los diputados frenteamplistas Gustavo Bernini, Enrique Pintado, Diego Cánepa, Javier Salsamendi y Edgardo Ortuño habían enviado una minuta de aspiración al Poder Ejecutivo para que regularizara esta actividad, con el objetivo de convertirla en un “polo de desarrollo nacional”.

Los legisladores proponían brindar certeza jurídica a los involucrados, limitar el número de máquinas por local, profesionalizar la actividad y eliminar los riesgos por la falta de regulación.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó en el seno del Ejecutivo, donde existía un proyecto desde febrero en el sentido contrario.

Nopitsch dijo que esa iniciativa (que ya “contaba con la firma del entonces ministro Danilo Astori) será reflotada y enviada al Parlamento en los próximos días, para que éste resuelva qué política se define al respecto.

Esa idea del gobierno coincide con un proyecto ya redactado recientemente por el diputado del MPP Heber Clavijo, quien plantea incluir las tragamonedas como juego ilegal y establecer las penas para quienes violen la nueva legislación.

Clavijo explicó a Brecha que el objetivo es que participen del contralor, junto a la DGC, el Ministerio del Interior, las intendencias municipales y el Instituto del Niño y Adolescente (INAU).

Cuando se constate la existencia de slots clandestinas, se procederá al “decomiso preceptivo ” de las máquinas y de los bienes que se hayan utilizado para la comisión del delito o que se hayan obtenido por la explotación del negocio.

Nopitsch aseguró en la Comisión de Hacienda que “es un disparate que las máquinas estén distribuidas en forma indiscriminada y salvaje en todo el país”, y condenó que “cualquiera pueda acceder a ellas en cualquier lado y sin ningún tipo de control. Si uno reconoce esto como vicio, debe ponerle ciertos límites”.

El funcionario citó ejemplos de comercios de distintos rubros cuyo negocio en realidad son las tragamonedas, y mencionó denuncias recibidas de locales que permitían jugar a menores pero que cuando éstos reclamaban el pago de los premios se les respondía que no podían pagarles por ser menores.

Actualmente, según los datos que manejan tanto el gobierno como los empresarios que explotan el negocio, existen en Uruguay más de 15 mil máquinas tragamonedas fuera del control del Estado.

Cada slot recauda un promedio de 4 mil pesos diarios, lo que eleva las ganancias anuales a alrededor de 36 millones de dólares.

Otro argumento manejado por el jerarca en contra de la regulación es que los actuales socios del Estado en los emprendimientos mixtos dejarán ese negocio para pasar a instalar máquinas en todo tipo de locales (ya que su ganancia sería mayor), privando a la DGC de su recaudación actual.

“Si regulamos, hacemos que desaparezca la recaudación de la DGC, es decir, los 150 millones (de dólares) que hoy entran al Estado. Y que esos particulares empiecen a poner máquinas en todos lados. En todo caso, regular significa disolver. Cuando digan ‘regulen’, significará: ‘disuelvan la DGC y los ingresos que por ella tenemos’”, advirtió Nopitsch.

Mientras se debatía en la comisión parlamentaria, un grupo de personas que protestaba contra la ilegalización de la actividad se concentró frente al anexo parlamentario con pancartas y altoparlantes, por lo que los legisladores debieron cambiarse de sala para poder continuar con la sesión.

Los integrantes de la asociación de empresarios que explotan estas máquinas (AUFO-JE) aseguran que el objetivo del director de Casinos al ilegalizar la actividad es “hacer negociados con empresas de capitales extranjeros”, y que en ese sentido sigue la línea de Juan Carlos Bengoa.

En realidad, la actitud adoptada por Nopitsch es bien distinta a la de su antecesor, durante cuya gestión no se buscó solucionar el vacío legal que existe actualmente sobre el asunto.

Si bien la DGC promovió en los últimos meses decenas de denuncias judiciales para combatir esta actividad, debido a que la legislación actual la considera una falta, ninguna de las personas denunciadas fue a prisión.

La proliferación de tragamonedas en todo el país sin control estatal también fue objeto de discusión en la Junta Departamental de Montevideo.

El edil colorado Aníbal Gloodtdofsky citó al intendente Ricardo Ehrlich para que explicara por qué “no aplicó ” la resolución municipal que negaba la renovación de la habilitación de locales que tuvieran esas máquinas funcionando.

Según el edil de la oposición, es evidente que las inspecciones no se hicieron o no se ajustaron a la normativa porque hay slots en estas condiciones en toda la ciudad.

Fabián Werner
Fuente:Brecha


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