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El Ministerio de Economía envió al Parlamento un proyecto que modifica la ley de Mercado de Valores e intenta dar impulso al desarrollo de la Bolsa por medio de incentivos tributarios y requerimientos de mayor transparencia de información.

“Hasta ahora la otra ley lo que había hecho era controlar algo que no existía. Ahora con ésta vamos a tratar de impulsar el mercado de valores”, dijo a El País el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu.

“La nueva ley sirve para fomentar el mercado, nos da herramientas para salir a buscar a las empresas y que éstas vean algún incentivo en acercarse a la Bolsa”, agregó.

El proyecto original de modificación de la ley del mercado de valores no contaba con incentivos fiscales.

Ahora, por ejemplo, las comisiones derivadas por la intervención en la compraventa de valores públicos y privados estarán exoneradas de IVA. Lo mismo ocurrirá con los intereses de valores públicos y privados, de depósitos bancarios y warrants.

Además se exonera de IVA a las operaciones de descuentos de documentos que se hagan a través de la Bolsa de Valores por aquellos que además contribuyan por IRAE e Imeba.

El proyecto también incentiva la participación de no residentes a través de la exoneración del Impuesto a la Renta de no Residentes sobre los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios “en tanto las acciones que dan lugar al pago a crédito de los mismos coticen en la bolsa de valores”.

De aprobarse el proyecto, las sociedades que coticen en Bolsa también podrán descontar el Impuesto al Patrimonio.

Por otra parte, se crea una Comisión de Promoción del Mercado de Valores con integrantes del Poder Ejecutivo, la Bolsa de Valores y Administración de Fondos de Ahorro de Pensión, que está previsto que funcione de forma permanente con el objetivo de promover el mercado de valores.

Este es uno de los puntos que había sido planteado por la Bolsa de Valores en una serie de propuestas presentadas tiempo atrás para la modificación de la ley de 1996.

El nuevo proyecto de ley pretende un “cambio en el enfoque de la regulación del mercado” para que este sea “más transparente, competitivo y eficiente”, señala la exposición de motivos.

Para esto establece como requisito la adopción de prácticas de gobierno corporativo que implican la divulgación de estados financieros y auditorías de aquellas empresas que recurran a la Bolsa para financiarse, algo que se considera que las compañías son “renuentes” a hacer.

Además estipula códigos de conducta para los directores de entidades que realicen oferta pública de valores. Incluso llega a que cualquier tipo de retribución que reciban “requerirá un consentimiento igual o superior al 60% del capital social de la sociedad representado en la Asamblea de Accionistas”.

Los intermediarios de valores, por su parte, deberán constituir una garantía para “asegurar el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones”.

Por otra parte se establece como obligatoria la designación de calificadoras de riesgo para ciertos emisores y de auditores externos.

En caso de no cumplirse alguno de los requisitos, el proyecto incorporó un régimen sancionatorio que incluye la observaciones, multas, suspensión o cancelación de cotizaciones o de la habilitación para realizar oferta pública e incluso de actividades de la empresa o persona que se trate sin perjuicio que también se podrá hacer una denuncia penal.

Fuente:El Pais


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