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EL GOBIERNO PRETENDE QUE LOS ESCRIBANOS VIOLEN EL SECRETO PROFESIONAL
publicado en Noticias Uruguayas | 3 Comentarios
Los escribanos están muy molestos y con toda razón, con el proyecto de ley del gobierno que los obligaría a denunciar operaciones que consideraran sospechosas de lavado de dinero. Creen que esa obligación atenta contra el secreto profesional y demuestra que no se entiende la verdadera función del notariado.
La presidenta de la Asociación de Escribanos, Sara Castro, dijo a El Observador que ya hicieron gestiones para ser recibidos por la comisión de lavado de activos del Senado. Reconoció que este proyecto “cayó como un balde de agua”.
Señaló que los escribanos plantearon las objeciones a la iniciativa a un alto jerarca del gobierno, cuya identidad no quiso revelar, que las entendió perfectamente.
“Lo más relevante de la función notarial es que se basa en la confianza del cliente con el escribano”, afirmó la presidenta de la asociación.
“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con este tema pero siempre y cuando no se vulnere el secreto profesional”, agregó.
La escribana dijo que la ley no puede obligar a los profesionales a asesorar por un lado a sus clientes y por otro a denunciarlos.
Los notarios lograron desactivar a tiempo en el año 2004 quedar comprendidos dentro de la ley 17.835 de setiembre de ese año. Esa norma iba a obligar a los escribanos junto a los abogados y contadores, pero finalmente quedaron afuera.
Finalmente se aprobó una norma que comprende a las financieras, casinos e inmobiliarias.
Este nuevo proyecto que la semana que viene ingresará al Parlamento, incluye a los escribanos, a los rematadores y a los administradores de las zonas francas, entre otras herramientas que crea para el combate del lavado de activos.
A juicio de Castro, el proyecto demuestra que “no se tiene una idea clara de lo que es la función notarial” y además es “discriminatorio” porque es la única profesión comprendida.
La titular de la Asociación de Escribanos explicó que en el tema del lavado “los escribanos son atacados por todos los flancos” porque se lava a través de negocios inmobiliarios y quienes participan son los notarios.
Sin embargo, aclaró que la función del escribano “no se limita a un costo sino que implica una garantía. Tiene una función preventiva: evita juicios; es decir que asegura la paz jurídica”.
El presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, estuvo reunido a comienzos de este año con la directiva de la Asociación de Magistrados para comunicarle que la nueva ley los comprendería.
Castro afirmó que les señaló que se basaban en el modelo español, donde la obligación funciona porque existe un colegio de notarios.
En ese país, explicó, cuando llega a un profesional una persona que levanta sospechas por sus características, ese escribano lo deriva al colegio y allí lo investigan sin necesidad de denunciarlo. La denuncia llega cuando la sospecha se confirma.
La escribana dijo que si existiera colegio en Uruguay los profesionales tendrían otro respaldo pero como están las cosas hoy eso no parece posible.
Además tendrían que existir criterios objetivos y no subjetivos para saber cuando denunciar.
Gil Iribarne expuso el miércoles los detalles del proyecto de ley ante la comisión de lavados de activos del Senado. El texto que se encuentra actualmente en la presidencia de la República será presentado el lunes en el Consejo de Ministros y luego se estima que ingresará al Parlamento.
La iniciativa debería ser ley antes de fin de año, ya que a partir del 2009 comenzarán a funcionar dos juzgados y dos fiscalías especializados en crimen organizado.
La senadora de la Vertiente Artiguista y presidenta de la comisión, Margarita Percovich, coincidió “en todo” con la exposición de Gil sobre el proyecto de ley de lavado de activos.
“La exposición que hizo (Gil) fue coherente con el afinamiento para el control del lavado de dinero. Teníamos un montón de vacíos que nos exigía la comunidad internacional y ahora se están contemplando”, dijo Percovich a El Observador.
En cambio, el senador nacionalista Carlos Moreira (Alianza Nacional), dijo que una vez que reciban el proyecto lo estudiará “con lupa” porque entiende que puede plantear objeciones a las profesiones que obligará a denunciar operaciones sospechosas de lavado.
“Tenemos que tratar de conciliar todos los intereses. Tampoco podemos dejar que una ley se meta en la vida de todas las personas”, advirtió Moreira.
Sobre los reparos que oponen los blancos al control general para todos los escribanos, Percovich dijo que hasta no que llegue el proyecto de ley al Parlamento no opinará sobre ese tema.
Fuente:El Observador
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si el secreto profesional ampara a que un escribano sea complice de un delincuente o estafador levanten el secreto profesional, muchos van a tener menos trabajo
Esto tiene un tufillo a hipocresía que me recuerda a la etica médica, invocada para no efectuar un aborto, y el mirar para otro lado cuando miles de niños mueren en su primer año de vida, (o lo que se le parece),de enfermedades de la pbobreza, y eso no afecta para nada la ética médica ni el juramento de Hipócrates, que hoy por hoy podría bien ser el juramento de hipócrita. Para un escribano sería ético certificar una operación de lavado de dinero mal habido y ocultar así detrás de la ética profesional la complicidad con un delincuente. Otro caso de hipocresía y van….
Cada profesión tiene sus códigos y creo prudente que se respeten. La escribanía tiene el cometido de dar fe de un hecho y eso no lo obliga a convertirse en un denunciante, a lo sumo puede negarse a dicho procedimiento. La limitación de ciertas libertades no hace bien al gobierno democrático. Esto me hace acordar al discurso de las Fuerzas Armadas con ocasión de institucionalizar el COSENA y se referían a la “democracia tutelada” Estamos asistiendo día a día a numerosas prohibiciones, que cuando tomemos conciencia de que cercenan nuestra libertad, ya será tarde.