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La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley General de Educación sólo con votos oficialistas. El diputado Darío Pérez se retiró de sala para no votar la iniciativa y la dirigente comunista Alicia Pintos votó en contra, desobedeciendo el mandato del FA, lo que para algunos legisladores oficialistas constituye un precedente peligroso que quiebra la unidad de acción de la coalición de izquierda.

Sobre el asfalto de la Avenida de las Leyes, una enorme flecha trazada con pintura roja apuntaba al Palacio Legislativo. Más arriba se leía la inscripción “Ellos venden la educación del pueblo”. La polisemia y el aire ajeno del “ellos”, que se aplicaba en los cantos contra la reforma educativa personificada en el ex presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Germán Rama, ayer se adaptó para convertirse en una acusación a la bancada del Frente Amplio.

El proyecto se discutía en el Parlamento y durante toda la tarde un grupo de veinte estudiantes quemó gomas en la calle. Cerca de la carpa educativa instalada desde hace una semana por los gremios para protestar contra la iniciativa, los carteles reclamaban autonomía y cogobierno. Estaba previsto un acto para las seis de la tarde, que finalmente se suspendió.

Por la lluvia y porque uno de los oradores se descompuso.

A las diez de la mañana comenzó el debate parlamentario, que se extendió hasta las once de la noche. Las barras estuvieron tranquilas hasta que la dirigente comunista y diputada por la lista 1001, Alicia Pintos, que ingresó en lugar de Doreen Ibarra para votar en contra del proyecto, anunció que haría caso omiso al mandato del FA y obedecería “a cuestiones de principios”.

El Partido Comunista (PCU) considera que el proyecto debería haber garantizado mayoría docente en el Consejo Directivo Central (Codicen). “Soy representante de un partido arraigado en la clase obrera y el pueblo, y en ese sentido me tiembla hoy la voz, pero no me temblará el brazo para no votar esta ley”, manifestó Pintos, ganándose el aplauso de los asistentes, una lluvia de papel picado preparado para la ocasión y cantos de “el pueblo unido jamás será vencido”, lo que determinó que se desalojaran las barras.

En cambio, la diputada del Espacio 609 Nora Castro, integrante de un sector que junto al PCU reclamaba una integración mayoritaria de docentes pero que terminó cediendo en aras del acuerdo, hizo una fuerte defensa del proyecto.

“Este proyecto no es más de lo mismo. Estamos convencidos de que aquí se incluyen mejoras sustantivas a la educación nacional”, enfatizó.

Y destacó la participación promovida en el Debate Educativo y en el Congreso de la Educación. “Allá el que no fue, fue porque no quiso, porque no se le cerraron las puertas a nadie”, manifestó. En tanto, el diputado de la Vertiente Artiguista Edgardo Ortuño destacó que este proyecto de ley “incorpora el protagonismo de los docentes por primera vez en la historia”.

Cuestión de forma El Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron al comienzo de la sesión que no votarían ningún artículo de la iniciativa, incluida la creación del Instituto Universitario de Educación y el Instituto Técnico Superior como entes autónomos, para lo cual eran necesarios dos tercios de los votos.

“Estamos conceptualmente de acuerdo pero no vamos a votar porque no se nos dio participación”, aclaró el nacionalista Álvaro Lorenzo (Alianza Nacional).

Al no llegar a los votos, la bancada frenteamplista presentó un artículo sustitutivo que creó una comisión conjunta, que antes del 30 de abril de 2010 deberá presentar un proyecto de ley para la creación de los institutos.

La oposición centró sus críticas en el procedimiento que escogió el oficialismo para elaborar el proyecto, el cual, según entienden, no permitió la participación a los demás partidos políticos. “No hubo interés del gobierno en generar un ámbito de intercambio. Una ley frondosa y con apoyo unipartidario es el peor camino que puede seguirse”, consideró el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.

“El FA ha arruinado una oportunidad para construir una ley de educación que tenga continuidad en el tiempo”, se lamentó el diputado herrerista José Carlos Cardoso, que fue uno de los más activos.

Centró su discurso en defender a la Universidad de Montevideo, según se dice integrante de la organización católica del Opus Dei, a la que hizo referencia por lo menos seis veces durante su alocución y en pegarle al FA donde más le dolía: hizo referencia a la falta de acuerdo dentro de la bancada de gobierno y a la protesta de los gremios de la educación.

Recordó que en 1990 el FA presentó un proyecto de ley para integrar el Codicen con cinco representantes electos por los docentes, y que ahora es “natural” que los gremios de la educación se sientan engañados.

Se sienten engañados y fueron engañados”, remarcó.

A continuación se preguntó por qué se le retiró la autorización a la Universidad de Montevideo para formar docentes. “¿Por qué una universidad privada que produce médicos, ingenieros, no puede producir docentes, maestros?”, discurrió, y opinó que existe un “arrinconamiento de la educación privada”.

Esto le valió una respuesta del legislador socialista Roque Arregui, miembro informante del proyecto, quien lo acusó de tener “una concepción privatizadora de la educación pública”.

“No oponemos educación pública con privada. Reconocemos el aporte que la educación privada hace al país, pero no admitimos que haya diferencia en la calidad porque no admitimos que haya una educación para ricos y otra para pobres”, complementó Ortuño.

Cardoso también cuestionó el concepto de laicidad propuesto en el proyecto porque elimina el concepto de imparcialidad, y consideró que “la izquierda ha definido claramente que la educación pública es un escenario ideológico”.

A esto respondió rápidamente Ortuño, que opinó que Cardoso tenía “temores ideológicos sesentistas sobre la injerencia de la izquierda en la enseñanza”.

Hubo otras críticas al proyecto: que no contempla el concepto de rendición de cuentas, que no es una ley general porque no incluye a la Universidad, que genera un aumento de la burocracia y que se abre excesivamente a la participación de los actores de la educación.

La oposición expresó además sus temores al corporativismo docente, ante lo cual Arregui indicó que ésta “no cree en la participación directa en los organismos de gobierno de los directamente involucrados”.

“Nosotros creemos profundamente en la participación de los trabajadores organizados”, complementó el diputado nuevoespacista Diego Cánepa, quien además recriminó a la oposición por haber gobernado 20 años sin tocar “un punto ni una coma” de la Ley de Emergencia de la Enseñanza aprobada en 1985, a la salida de la dictadura.

Luego pasaron las horas, con acusaciones mutuas de hacerle los mandados al Fondo Monetario Internacional y calificaciones de “neoliberales” por doquier.

Al momento de la votación, el diputado de la Liga Federal Frenteamplista, Darío Pérez, optó por retirarse de sala y Pintos votó en contra.

El diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía dijo a la diaria que la actitud del PCU marca “un precedente muy negativo y peligroso”, ya que “rompe el principio de unidad de acción” que forma parte de la identidad del FA, además de desacatar una resolución de la Mesa Política.

“En el futuro, esta actitud legitima que cada cual se corte por la suya. Y lo preocupante es que no se trata de la opinión personal de una compañera sino de la actitud de un sector político”, advirtió.

Natalia Uval
Fuente:La Diaria


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