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EDITORIAL DE “EL OBSERVADOR” SOBRE LA NUEVA LEY DE EDUCACION

publicado en Educacion, Cultura y Comunicaciones | 0 Comentarios

La necesidad de mejorar la desdichada educación pública se hizo humo con la aprobación por Diputados de un proyecto tan defectuoso como cuestionado, que con seguridad confirmará ahora el Senado para convertirlo en ley.

Tiene algunos aspectos rescatables, como el rechazo a dejar la enseñanza estatal exclusivamente en manos del corporativismo sindical y la creación de un organismo independiente que cada dos años evalúe la calidad educativa.

Pero los sindicatos ganaron igualmente presencia, aunque minoritaria, en los órganos de conducción.

Y la evaluación bianual servirá de poco si la calidad sigue despeñada, como el resto de la ley autoriza a pronosticar.

Debilita la norma, por otra parte, un cúmulo de objeciones fundadas. La más grave es que una reforma educativa no puede ser decisión unilateral de un gobierno sino que exige ser política de Estado a largo plazo, bajo un amplio acuerdo social, ya que está en juego la formación de las generaciones futuras de niños y jóvenes.

La norma que el gobierno aprueba ha sido pergeñada, en cambio, solo por parte del partido gobernante.

Aunque por la razón equivocada de respaldar la autonomía total de la enseñanza pública, legisladores del propio Frente Amplio y sectores sindicales en general afines a esa fuerza política se han opuesto a la nueva ley nacional de educación.

La objetan también, con sólidos argumentos, los demás partidos políticos y figuras respetadas del mundo académico, que inclusive se retiraron espantadas del llamado debate educativo nacional a que convocó el gobierno en 2006.

El encuentro resultó un carnaval de propuestas sindicales tan insensatas que el Poder Ejecutivo al final tuvo que descartarlas, reconociendo el error de haberlo organizado.

En vez de insistir en una fórmula que despierta la oposición de vastos sectores del país y la aprobación de apenas una parte del Frente Amplio, el proyecto debió haberse descartado.

En su reemplazo, lo lógico era crear un grupo de técnicos de alto nivel e independientes que prepararan una reforma moderna, consensuada en todo el sistema político.

Pero la lógica quedó por el camino.

El proyecto actual ignora muchos aspectos básicos de los requerimientos educativos en el mundo actual. Excluye, entre otras omisiones, la garantía de programas adecuados, que haya directores con autoridad para manejar cada centro de enseñanza y profesores asignados exclusivamente a una sola institución, como es habitual en países con mejores sistemas.

Esto habría ayudado también a abatir el pernicioso ausentismo actual de docentes, causado muchas veces por la necesidad de repartir su tiempo entre varias instituciones.

Apremia una reforma que apuntale eficazmente un sistema de enseñanza pública que amenaza la adecuada formación y capacitación de la juventud, de la que depende que el país marche con firmeza y seguridad hacia su desarrollo sostenido.

Pero no hay marcha segura con una ley renga.


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