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Los legisladores del Frente Amplio que fundaron su voto contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en “convicciones filosóficas” están en una “situación similar” a la de los representantes del Partido Comunista, que por “principios” decidieron no apoyar la Ley de Educación en el Parlamento.

Así lo entiende una de las principales involucradas en el polémico episodio del martes, la diputada comunista Alicia Pintos, que optó por quedarse en sala para fundamentar su voto negativo.

“Pedimos libertad de acción para mantener coherencia y hubo una total falta de consideración a nuestro pedido por parte del resto de los compañeros”, dijo Pintos a la diaria. La bancada frenteamplista resolvió “imponer un mandato” en forma casi unánime y “casi sin discusión”, evaluó la suplente del diputado Doreen Ibarra, que no asistió a la sesión del martes por un viaje a Panamá.

El Comité Ejecutivo del PCU se reunirá para analizar el cruce de opiniones que originó el proyecto de Ley de Educación, mientras otros sectores del FA reclaman sanciones y la intervención del Tribunal de Conducta Política (TCP).

Los comunistas están dispuestos a acudir a ese ámbito, y Pintos es muy clara al respecto: “Los demás que pidan ahora lo que quieran, pero la intervención del TCP la pedimos nosotros cuando resolvimos no cumplir con el mandato”.

La diputada y maestra comunista sostuvo que su sector ha tenido una “conducta irreprochable y responsable” durante toda la historia del FA, dando “innumerables pruebas de espíritu unitario”. “Por haber dado tanto como dio, hasta en vidas humanas, al menos ameritaba que se hubiera tenido en cuenta lo que pidió el PCU”, arguyó Pintos.

“Nuestro mayor mandato es con el programa del FA que aprobó el Congreso. Muchos se llenan la boca hablando del FA y después le pasan por arriba al programa”, concluyó.

El diputado y profesor José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) dijo que su sector analizará este tema en breve y decidirá si reclama sanciones.

“Lo que aconteció es muy grave para el futuro del FA. No puede ser que la conducta de uno o dos compañeros condicione una mayoría de cincuenta y a todo un gobierno”, apuntó. En su opinión, la bancada del FA “quedó presa” de una minoría que resolvió “aducir principios” para romper la unidad de acción y violar “principios fundamentales”.

Pero el diputado Aníbal Pereyra (MPP) piensa que los temas políticos no se resuelven en los tribunales de conducta, y que deben ser analizados en ámbitos de discusión orgánicos, “sin barullos y sin amenazas”.

Su par Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) dijo que su sector aún no tiene posición sobre la conveniencia de aplicar sanciones, pero evaluó que se trata de un hecho “extremadamente delicado”, porque los acuerdos políticos y los mandatos de bancada “están para cumplirse”, y recomendó abrir “cuanto antes” un espacio de “reflexión profunda” sobre la cuestión. Eso debería suceder antes de que el proyecto ingrese al Senado, donde el PCU ya anunció que volverá a votar en contra. “Está en riesgo nuestra capacidad de acción en las diferencias. Por eso creo que es mejor recomponer la situación en ámbitos políticos antes de pasar al TCP”, opinó Brenta.

El diputado Juan Andrés Roballo (Alianza Progresista) -que se opuso a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva señaló a La Diaria que su sector analizará hoy la situación originada con la Ley de Educación y que prefería “intercambiar con sus compañeros” antes de tomar una posición pública.

José Pedro Montero, integrante del TCP y afín a Asamblea Uruguay, explicó que ese órgano puede actuar de oficio o por denuncias de plenarios departamentales o sectores políticos. Prefirió, como era previsible, no emitir juicio acerca de la decisión del PCU, ya que hacerlo “sería prejuzgar”. “En todo caso, si se efectuara una intervención, la opinión correspondería a los cinco miembros del Tribunal”, aclaró.

Desde que asumieron los actuales integrantes del TCP, sólo actuaron de oficio en el caso del ex director general de Casinos Juan Carlos Bengoa, pocos días después de que éste renunciara a su cargo y se aceptara el petitorio fiscal de procesamiento con prisión.

Lucas Silva
Fuente:La Diaria


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