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ELPAIS.com | Noticias de Sección Internacional
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El presidente de facto de Honduras ofreció renunciar si el presidente Manuel Zelaya acepta hacer lo mismo, además de que le permitiría volver al país como ciudadano común.
El Congreso aún tiene que aprobar un acuerdo de amnistía para Zelaya, que fue derrocado en un golpe de estado el 28 de junio 2009, dijo un representante de Roberto Micheletti.
Arturo Corrales, representante de Micheletti, informó que el acuerdo fue presentado a una delegación de la Organización de Estados Americanos.
El plan ofrece una revisión a la Constitución para determinar quién podría asumir la presidencia.
Con la oferta Zelaya podría regresar a Honduras sin correr riesgo a ser arrestado.
Corrales agregó que la delegación de la OEA aún no ha respondido a la oferta.
Horas antes una comisión conciliadora del gobierno de facto de Honduras partió hacia Washington para reunirse con funcionarios de la OEA y diplomáticos en la capital yanqui.
El gobierno de facto ha emprendido una campaña para explicar su punto de vista sobre por qué haber capturado y expulsado del país al presidente Manuel Zelaya no puede considerarse según ellos un golpe de estado, sino una sucesión constitucional.
La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton estudia medidas contra Honduras que podrían incluir la suspensión de millones de dólares de asistencia que Usa brinda para el desarrollo de la nación centroamericana, informó el jueves un funcionario de ese departamento.
El personal de Clinton le ha recomendado que firme una declaración que señale que el derrocamiento y exilio forzado del presidente Manuel Zelaya el 28 de junio tiene todas las características legales de un golpe de estado, indicó el funcionario.
Eso provocaría la suspensión de 215 millones de dólares de ayuda usamericana bajo la vigencia de un programa para combatir la pobreza que administra la organización Millennium Challenge Corp.
El funcionario hizo sus declaraciones a condición de mantenerse en el anonimato debido a que aún no se ha tomado una decisión final sobre la acción recomendada.
La crisis presidencial suscitada en Honduras ha colocado al gobierno de Barack Obama en una situación difícil en momentos en que colabora con los líderes regionales para restablecer a Zelaya en el poder, a lo cual se oponen el gobierno de facto hondureño y los militares que lo derrocaron y lo desterraron del país.
La Organización de los Estados Americanos envió esta semana una delegación de alto nivel a Honduras con el propósito de restablecer a Zelaya en el gobierno, pero no logró su objetivo.
Las autoridades de Usa están cada vez más frustradas con la negativa del gobierno de facto de aceptar un compromiso propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que ha actuado como mediador en la disputa.
Zelaya fue derrocado en medio de sospechas de los golpistas de que deseaba cambiar un artículo de la Constitución que limita el ejercicio de la presidencia a un solo mandato. El ha negado que esa haya sido su intención.
El gobierno de Obama inicialmente suspendió las relaciones militares con Honduras y también limitó algo de ayuda, pero se ha abstenido de tomar una decisión legal que podría determinar la suerte de la asistencia en el combate a la pobreza en cumplimiento con la cumbre del Milenio.
El gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, admitió el martes que el país sufriría las consecuencias por negarse a restablecer a Zelaya, pero insinuó que nada les obligaría a cambiar las cosas a menos que haya una intervención militar.
Insulza propone que Zelaya regrese a Honduras con amnistía
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, señaló el miércoles que el retorno sin una amnistía política del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, significaría “un infierno de demandas”.
Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA a su regreso de Honduras, Insulza indicó que “la amnistía para lo propiamente político no debería ser una dificultad”, pues está contemplada en la constitución de Honduras y es algo que opina podría manejarse.
El canciller costarricense Bruno Stagno, que formó parte de la comisión, dijo en rueda de prensa en San José que encontraron “diferentes interpretaciones sobre la Constitución hondureña, por ejemplo sobre la amnistía, la propia Constitución la incluye en su artículo 205 como una facultad del Congreso, pero notamos una enorme resistencia al tema de sectores afines al presidente de facto (Roberto) Micheletti”.
Explicó que de los 12 puntos que componen el Acuerdo de San José, planteado hace poco más de un mes por el presidente Oscar Arias, solo dos mantienen sin avance el diálogo: la amnistía política y la restitución de todos los poderes a la situación antes del golpe, lo que representa el retorno de Zelaya al poder.
Señaló que los grupos en el gobierno actual “insisten en que la destitución (de Zelaya) fue legítima, pero esa es una lectura de hechos no avalada por la comunidad internacional, que no se manifestó satisfecha con la reiteración de Micheletti de que apoya el Acuerdo de San José en un 85%”.
Insulza dijo que durante la reunión con Michelleti, éste reconoció que hubo un “grado de error” en sacar a Zelaya del país durante el golpe, que debió haber permanecido en Honduras.
“No encontramos a nadie que estuviera de acuerdo con el retorno”, dijo Insulza, al tiempo que agregó que el ambiente general entre ellos era de “?Por qué nos quieren hacer esto?”.
Sin embargo, indicó que hubo algunos sectores que, con condiciones, estarían abiertos a discutir el retorno del depuesto presidente y que excepto los grupos más “recalcitrantes” el ambiente fue satisfactorio.
Stagno indicó el Consejo Permanente de la OEA analizará el lunes las medidas adicionales que podría tomar el organismo, cita a la que acudirá Zelaya, con quien la comisión conversó el mismo martes y éste reiteró su apoyo “incondicional” al plan de Arias.
Mientras tanto la comisión mediadora del gobierno de Micheletti analizaba la conveniencia de viajar a Washington esta semana para dialogar con distintos sectores sobre el informe presentado por los cancilleres.
El representante alterno de Usa, Lewis Anseelem, indicó durante la sesión que su país ha suspendido “toda ayuda no esencial” a Honduras y sostiene que el regreso de Zelaya es “indispensable”.
Usa suspendió el martes la emisión de nuevas visas en Honduras y el miércoles decenas de personas llegaban a la embajada de ese país en Tegucigalpa para descubrir que habían sido canceladas sus citas de entrevista para obtener la visa.
Micheletti dijo que “respeto el derecho de ellos como país. Si están en decisión de cancelar (la emisión de) las visas, lo respetamos”. Se expresó confiado, sin embargo, que la no emisión de nuevas visas, junto a las demás sanciones, será temporal.
El gobierno de Guatemala desautorizó en un comunicado a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Eugenia Villagrán, quien aseguró el martes en Tegucigalpa que la institución que dirije participará como observadora en los comicios del 29 de noviembre en Honduras.
“El Gobierno de Guatemala desconoce a cualquier autoridad gubernamental establecida en Honduras a partir del rompimiento del orden constitucional ocurrido el 28 de junio de 2009″, dijo la cancillería al tiempo que aseguró que la ley de ese país obliga a las entidades estatales a sujetarse a lo que decide el ejecutivo.
Usa suspendió a partir de este miércoles los servicios de visas a Honduras, para presionar en pro de una salida a la crisis originada tras el golpe de Estado del 28 de junio en ese país sudamericano, informaron fuentes oficiales.
La medida, que afectará principalmente el sistema de visas de turistas hacia Usa, fue adoptada como medida para exigir que se instrumente el Acuerdo de San José impulsado por el presidente costarricense Oscar Arias, informó el Departamento de Estado.
El acuerdo busca el retorno del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, y que éste y el gobierno de facto de Roberto Micheletti conformen un gobierno de reconciliación, una amnistía política general y se adelanten las elecciones previstas para noviembre.
Usa “continúa creyendo firmemente que una solución negociada es la manera más apropiada de avanzar y el Acuerdo de San José es la mejor solución”, dijo en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly.
El gobierno de Usa sostuvo que sólo ofrecerá servicios de visa a inmigrantes potenciales, así como también en casos de emergencia en su embajada en Tegucigalpa.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, rendirá un informe sobre su visita de esta semana a Honduras con una misión de cancilleres latinoamericanos.
Kelly dijo que en apoyo a esa misión, y como consecuencia de la renuencia del gobierno de facto a aceptar el Acuerdo de San José, el gobierno de Usa está realizando una revisión completa a su política de visas al país centroamericano.
La suspensión de las visas a hondureños no inmigrantes es una medida adicional que se suma a la suspensión temporal de programas de asistencia al país centroamericano así como a la revocación de visas a personas allegadas al régimen de facto.
Ofrece Micheletti disculpas a Insulza, pero cierra la puerta a Zelaya
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, sostuvo una entrevista con la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ofreció disculpas al secretario general del organismo, José Miguel Insulza.
“Nos dejó totalmente doloridos la vez que vino aquí”, dijo Micheletti a Insulza, quien fue acusado de ser el culpable de la suspensión de Honduras de la OEA por parte del gobierno de facto que reemplazó al destituido presidente Manuel Zelaya.
Micheletti destacó en rueda de prensa que él es favorable a una “tercería”, es decir que ni él ni Zelaya se queden al frente de la Presidencia, sino que sea un tercero el titular del poder Ejecutivo.
“Yo quería aceptar la posibilidad de que hubiese una tercería para poder calmar los ánimos en este país y lo sigo sosteniendo”, aseveró.
Micheletti insistió que las elecciones generales del 29 de noviembre próximo siguen firmes “nos reconozcan o no nos reconozcan todos los países del mundo”.
“No tenemos miedo al embargo de nadie, ya analizamos con tranquilidad y firmeza que este país puede salir adelante sin el apoyo de ustedes y de otros países”, enfatizó el gobernante de facto.
Zelaya fue depuesto por militares el pasado 28 de junio y enviado al exilio, tras lo cual el Congreso Nacional designó como presidente sucesor a Micheletti -desde la titularidad del poder Legislativo-, medida rechazada por la comunidad internacional.
Micheletti recibió a los cancilleres Jorge Taiana (Argentina), Bruno Stagno (Costa Rica), Peter Kant (Canadá), Patricia Espinosa (México), Carlos Morales (República Dominicana), Kenneth Baugh (Jamaica) y Juan Carlos Varela (Panamá), así como a Insulza como invitado.
Los diplomáticos llegaron la víspera y se han reunido con distintos grupos de la sociedad hondureña con el fin de encontrar una solución a la crisis política interna.
La misión de la OEA pretende que el gobierno de facto acepte el Acuerdo de San José, propuesto por el mediador del conflicto Oscar Arias y que incluye la restitución de Zelaya, un gobierno de unidad nacional, una amnistía y el adelanto de los comicios generales
Corte Suprema hondureña: Habría que procesar a Zelaya
El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya tendría que someterse a los procesos penales que hay en su contra si regresa al país, dijo la Corte Suprema de Justicia en un documento donde se pronuncia sobre la legalidad del “Acuerdo de San José”.
“Debe tenerse en cuenta que existen acciones penales presentadas por la fiscalía y… no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos”, dijo la Corte de un documento entregado por la presidencia hondureña a periodistas el sábado.
La Corte Suprema evaluó en dicho documento los aspectos jurídicos del llamado acuerdo de San José con el que el mediador, el presidente costarricense Oscar Arias, busca una solución negociada a la crisis que se desató en este país tras el golpe de estado del 28 de junio de este año.
La resolución del máximo tribunal hondureño llega dos días antes que una delegación de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegue al país para exhortar al gobierno de facto a renunciar y firmar el acuerdo de San José.
Sobre lo estipulado en el acuerdo de San José sobre que el derrocado presidente debería renunciar a sus pretensiones de convocar una asamblea constituyente o reformar la constitución en sus artículos irreformables, la corte estuvo de acuerdo ya que continuar con esas pretensiones sería “delito contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.
Sobre el punto llamado “retorno de los poderes del estado a su integración previa al 28 de junio”, la corte recordó que algunos de los funcionarios, Zelaya incluido, tienen procesos penales en su contra. “Un arreglo de carácter político (para extinguir dichas causas penales) debe pasar por el respeto a la legalidad”, indicó.
La corte dio un espaldarazo al proceso con el que fue destituido Zelaya e instalado el presidente de facto Roberto Micheletti.
“Las actuaciones del proceso de sucesión constitucional (como califican al golpe de estado) han sido ejecutadas dentro del marco de la Constitución y las leyes”, señaló.
El sábado regresó a Honduras la delegación de funcionarios hondureños que viajaron esta semana a Washington para reunirse con políticos y funcionarios del Departamento de Estado.
Aunque estaba convocada una conferencia de prensa para el mediodía del sábado, ésta se canceló a última hora luego que los enviados se reunieron con Micheletti.
“Estamos contentos con el trabajo que han hecho en Washington tanto ante la OEA y el Departamento de Estado, estamos evaluando las informaciones que nos han dado”, dijo el canciller de facto Carlos López.
CIDH: Policía usó fuerza excesiva en Honduras
El gobierno de facto de Roberto Micheletti en Honduras ha cometido abusos a los derechos humanos para reprimir las manifestaciones en contra del golpe de estado del 28 de junio, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de una visita de verificación.
La CIDH “confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información para limitar la participación política de un sector de la ciudadanía”, dijo la presidenta de la CIDH Luz Mejía Guerrero.
La misión recibió cientos de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que habrían cometido las fuerzas de seguridad en los casi dos meses después del golpe de estado en que fue depuesto Manuel Zelaya.
Además dijo que es “de particular gravedad la muere de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego… considerando que la comisión recibió información que podría vincular estas muertes con los agentes del estado”, añadió la presidenta.
Horas antes, el comisionado de policía Danilo Orellana se mostró satisfecho con la información que dieron a la CIDH sobre el uso de la fuerza, que, dijo “fue proporcional a las manifestaciones”.
El canciller de facto, Carlos López, dijo que la sentencia de la CIDH “sobre el uso excesivo de la fuerza (para sofocar las manifestaciones de simpatizantes de Zelaya) es un juicio subjetivo porque la fuerza pública para eso existe, para mantener el orden público”.
Acto seguido añadió que “en Honduras no existen los recursos humanos ni materiales o logísticos para hacer represiones excesivas comparadas a las que suceden en Santiago, Buenos Aires y Caracas, donde existe una fuerza pública realmente descomunal”.
El informe de la CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se produce horas poco más de un día antes que la misión de cancilleres de OEA arribe a Honduras para instar al gobierno golpista a que entregue el poder y firme el pacto de San José para reinstalar al depuesto mandatario.
“Es una forma de presionar de la OEA al gobierno de Honduras a aceptar una propuesta de la mediación (de restituir a Zelaya)… y la OEA vuelve a la carga”, añadió López.
Además dijo que presentarán observaciones al informe de la CIDH al mediador en este conflicto, el presidente costarricense Oscar Arias. “Tiene que tomarlas en cuenta porque es mediador, de lo contrario sería un juez”, añadió.
Izquierda latinoamericana teme el precedente hondureño
Las posibilidades de que Manuel Zelaya sea repuesto en la presidencia de Honduras se alejan con cada semana que pasa. En toda Latinoamérica, tanto aliados como adversarios consideran que se está sentando un precedente.
Es un rayo de esperanza para la elite ultraderechista de la región, que ha presenciado con desaliento durante la última década cómo una ola de presidentes izquierdistas ha subido al poder, prometiendo echar abajo el sistema y dar mayor poder a los pobres.
Cuando el otrora moderado Zelaya inició ese camino, los militares, el Congreso y la Corte Suprema se aliaron para derrocarlo y pese a protestas en todo el continente, el gobierno instalado por el golpe sigue en el poder. ¿Podría ser éste el modelo que los fascistas latinoamericanos buscaban desesperadamente ?
El presidente venezolano Hugo Chávez, que fue derrocado durante dos días en un golpe en el 2000, afirmó que el líder cubano Fidel Castro le dijo que la situación en Honduras “abrirá la puerta a la ola de golpes que se viene en América Latina”.
Y según dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa, estrecho aliado de Chávez y Zelaya, “tenemos algunos estudios de inteligencia que dicen que, después de Zelaya, el próximo soy yo”.
EE.UU. actúa tibiamente contra golpistas: Zelaya
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, criticó el miércoles en esta capital la actitud “tibia” y de “manos suaves” de Usa frente al gobierno de facto y dijo que si adoptara medidas comerciales y personales contra los golpistas, podría restituirse el estado de derecho en “cinco minutos”.
“Yo reconozco que tanto el presidente (Barack) Obama como la Secretaria (de Estado, Hillary) Clinton, no tuvieron absolutamente nada que ver en el involucramiento, en la planificación de este golpe de estado, pero lo digo con respeto, las medidas que hasta el momento se han tomado han sido tibias, de manos suaves, contra los golpistas”, dijo Zelaya en declaraciones a periodistas tras reunirse con el presidente Alan García.
El depuesto mandatario arribó en la noche del martes a Lima para entrevistarse con García el miércoles, como parte de una gira que realiza por distintos países latinoamericanos para conseguir su respaldo y lograr su restitución en la presidencia.
García y el canciller José Antonio García Belaunde recibieron en EL Palacio de Gobierno a Zelaya, quien llegó acompañado de su canciller Patricia Rodas.
García Belaunde había adelantado que la visita de Zelaya era de trabajo, por lo tanto se le brindarían honores “muy restringidos”.
Luego del encuentro con García, que duró poco más de una hora y en la cual el gobernante peruano le expresó su respaldo, Zelaya reiteró en entrevista con la emisora Radioprogramas que Usa “puede hacer más” y tomar medidas “mucho más enérgicas” para solucionar el problema de Honduras.
El gobierno yanqui suspendió la entrega de millones de dólares en asistencia a Honduras con la intención de presionar por la reinstalación de Zelaya.
Zelaya señaló que toda América Latina ha tomado medidas diplomáticas contra el gobierno de facto, los organismos internacionales han tomado medidas económicas, pero que ahora faltan tomar medidas comerciales y medidas personales contra los golpistas.
“Si avanzamos en este campo, las medidas personales y las medidas comerciales, el golpe no resiste ni cinco minutos, con la acción de estos países, especialmente Estados Unidos”, dijo Zelaya al señalar que el 70% de las actividades comerciales de Honduras se hacen con Estados Unidos.
Zelaya, quien vive temporalmente en Nicaragua y ha intentado infructuosamente tres veces regresar a Honduras, dijo que “el retorno a mi país es inminente”.
En tanto, García expresó a Zelaya su apoyo al decir que “respaldamos los gobiernos democráticos y los acuerdos de la OEA, así como el plan que el presidente Arias ha presentado, pero, evidentemente, en la medida que esto tenga resultados prontos, se ayude a cerrar esta herida momentánea que ha tenido nuestra democracia en el continente”.
“Estoy intentando regresar por vía pacífica, por vía concertada, no promover una tragedia”, dijo Zelaya.
Zelaya denunció que actualmente el gobierno de facto en Honduras ha desatado una represión “salvaje” contra el pueblo y medios de comunicación.
Honduras exige salida de diplomáticos de Argentina
El gobierno de facto exigió el martes la salida inmediata de los diplomáticos argentinos debido a que el país sudamericano apoyó al presidente depuesto Manuel Zelaya y desconoció a la embajadora hondureña en Buenos Aires.
El gobierno también informó que entre sus avances diplomáticos en la búsqueda del reconocimiento de la comunidad internacional, una delegación se reunió el martes por primera vez con altos funcionarios del Departamento de Estado en Washington.
Sobre el caso con Argentina, la cancillería hondureña informó en un comunicado que “la relación diplomática entre Honduras y Argentina se canalizará a partir de esta misma fecha por medio de la embajada de Argentina en Israel”.
El gobierno de facto dio un plazo de 72 horas para abandonar esta capital, igual como lo hizo Buenos Aires con la embajadora Carmen Eleonora Ortez Williams la semana pasada.
Aclaró que al personal argentino “se le otorgará igual trato, plazo y facilidades al que se conceda a los funcionarios hondureños acreditados en Argentina, con base al principio de la estricta reciprocidad”.
La Cancillería dijo haber notificado la situación al ministerio de Relaciones Exteriores y la oficina de Comercio Internacional de Argentina.
Argentina anunció la semana pasada el cese en sus funciones de Ortez Williams por el apoyo público que la diplomática dio al gobierno golpista de Roberto Micheletti. La decisión la adoptó el canciller argentino, Jorge Taiana, tras reunirse en Quito con Zelaya.
El mandatario depuesto ha desacreditado por circunstancias similares a unos 20 diplomáticos por respaldar a Micheletti, desde que fue derrocado el 28 de junio, especialmente en Usa, México y Centroamérica.
Es el segundo país al que el gobierno de facto hondureño aplica la misma medida. El otro es Venezuela, que aún mantiene a uno de sus funcionarios en esta capital al alegar que reconoce como presidente a Zelaya y no a Micheletti.
El presidente de facto dijo el martes en una entrevista a la televisión hondureña que la delegación que se encuentra en Washington es “la gente que más conocimiento tiene de todo esto que ha sucedido. Los que tienen la documentación precisa para plantearles a ellos”.
Micheletti, los tribunales y los altos mandos militares insisten en que no hubo golpe de Estado porque Zelaya fue arrestado según órdenes de la Corte Suprema de Justicia y reemplazado por un mandato del Congreso.
“Yo quisiera que la comisión (que se encuentra en Washington) nos trajese la información al retorno de ellos. Y que pudiésemos garantizar que se nos va escuchar, que se nos va escuchar nuestra verdad”, apuntó.
La delegación hondureña la integran Arturo Corrales, ex candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano; la ex presidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales y el ex candidato presidencial del oficialista Partido Liberal, Mauricio Villeda.
El grupo viajó en la víspera y permanecerá cuatro días en Usa. Es la segunda vez, en una semana, que viajan a Washington .
Mientras tanto, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó por segundo día consecutivo entrevistas y visitas para verificar denuncias sobre detenciones, amenazas y agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad contra partidarios de Zelaya.
La misión de la CIDH la dirige la venezolana Luz Patricia Mejía, y la integran además el argentino Víctor Abramovich, vicepresidente, Santiago Cantor, director ejecutivo también argentino y los relatores Felipe González y Paolo Carozza.
Zelaya dice que sigue luchando, pero desaparece de escena
El presidente derrocado de Honduras pidió el martes en un comunicado que sus partidarios sigan “firmes” en el rechazo al gobierno instaurado tras el golpe de estado del 28 de junio, sin embargo, Manuel Zelaya desapareció de la escena pública desde que la semana pasada visitó Chile.
Un comunicado firmado por Zelaya y fechado en Ocotal, una localidad en el noroeste de Nicaragua a casi 170 kilómetros de Managua y cercana a la frontera con Honduras, expresa su “firme decisión” de acompañar a su pueblo “en la lucha heroica contra el régimen militar golpista” encabezado por Roberto Micheletti.
El jueves 13 de agosto, Zelaya anunció en Chile que su plan era regresar a Nicaragua después de entrevistarse con la presidenta anfitriona Michelle Bachelet.
Pero Zelaya no ha tenido ninguna aparición pública desde ese día y el comunicado de hoy es el único indicio que se tiene de su paradero.
Desde el fin de semana, el personal de la embajada hondureña en Managua ha declinado precisar la ubicación de Zelaya, quien después de ser depuesto se le ha visto viajar a varios destinos en un avión privado que le proporcionó la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Por semanas después de ser depuesto, Zelaya fue el centro de la atención de los medios internacionales en comparecencias en diferentes países o en territorio nicaragense, en donde dijo haber establecido un campamento desde el cual coordina sus esfuerzos para recuperar su cargo y volver a Honduras.
El comunicado divulgado el martes por la sede diplomática de Honduras en Nicaragua por correo electrónico está fechado el 17 de agosto, lleva la firma de Zelaya y el sello de la presidencia de Honduras.
En el documento, Zelaya dice que es “absolutamente falso y una mentira más de los golpistas” que haya decidido renunciar a sus reclamos por ser restituido. También se solidarizó con los hondureños porque considera que “están sufriendo de la represión”.
Denunció que varios de sus compatriotas han sido “golpeados, torturados, encarcelados y perseguidos”, pero espera que su país salga de la crisis actual “con la resistencia decidida del pueblo hondureño y el apoyo solidario de la comunidad internacional”.
Poco antes de la difusión de la declaración, la vocera de la embajada hondureña Elizabeth Sierra también informó que Zelaya designó a la encargada de negocios Victoria Rodas como encargada de la misión diplomática en Nicaragua, tras el retiro del embajador Jorge Milla, quien aparentemente regresó a Tegucigalpa. No estuvo claro si el ex embajador decidió apoyar al gobierno de Micheletti.
Sierra manifestó en ese momento que desconocía el paradero de Zelaya, pero después la ministra de asuntos sociales del gobierno derrocado, Arcadia Gómez, aseguró a la AP que conversó el lunes con él por teléfono y que está en la capital nicaragüense.
Las fuerzas usamericanas indicaron que sus soldados en Honduras no participaron e incluso desconocían la existencia de un vuelo que envió al exilio al derrocado presidente Manuel Zelaya durante el reciente golpe de estado en el país.
Zelaya dice que el avión militar hondureño que lo envió a Costa Rica el 28 de junio hizo una escala para reabastecerse de combustible en Soto Cano, una base aérea de Honduras en la que se encuentran apostados 600 militares yanqui, incluyendo soldados, marineros y pilotos, los cuales participan en operaciones antinarcóticos y otras misiones en América Central.
Las fuerzas yanquis en Soto Cano “no estuvieron involucradas en el vuelo que llevó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio”, dijo Robert Appin, portavoz del Comando Sur, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.
Las tropas de Usa “no tenían conocimiento ni participaron en las decisiones tomadas para que el avión aterrizara, se reabasteciera de combustible y despegara”.
Appin dijo que las tropas yanquis en Soto Cano han dejado de efectuar ejercicios conjuntos con los militares hondureños desde el golpe de estado.
“Las fuerzas estadounidenses reconocen que la situación debe ser solucionada por los hondureños y sus instituciones democráticas de acuerdo con el estado de derecho”, afirmó Appin.
Por otro lado, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constatará a partir del lunes la situación de los derechos humanos en Honduras luego del golpe de estado.
El gobierno del presidente Barack Obama ha cancelado millones de dólares en ayuda destinada a las fuerzas hondureñas y su población, en un esfuerzo por presionar al país con el fin de que Zelaya regrese al poder.
Por el momento, Washington ha decidido no ir más allá y no ha impuesto sanciones comerciales que podrían afectar duramente a la economía hondureña, la cual depende mucho de sus exportaciones a Usa.
Zelaya, un acaudalado hacendado que durante su presidencia estrechó el contacto de su país con el presidente venezolano Hugo Chávez, de tendencia izquierdista, ha expresado su frustración de que la Casa Blanca no haya aplicado sanciones más duras al gobierno de facto en Honduras.
Durante una visita a Brasil la semana pasada, Zelaya habló de la escala que hizo el avión en Soto Cano, también conocida como Palmerola y expresó sus sospechas de que Usa haya sido cómplice en el golpe de estado, aunque hizo énfasis en que no cree que hayan estado involucrados altos funcionarios del gobierno de Obama.
Patricia Valle, que fungió como vicecanciller en el gobierno de Zelaya, reiteró esas sospechas el sábado, aunque no dio evidencias de que personal yanqui en la base haya interactuado con los oficiales militares hondureños en el avión ni de que hayan estado enterados que Zelaya estaba a bordo. Dijo que el mandatario no descendió de la nave durante esa escala.
Fred Lash, vocero del Departamento de Estado, dijo en Washington en respuesta a esas afirmaciones que la “base aérea Soto Cano en Honduras es una base militar hondureña bajo el control de las autoridades militares hondureñas. Estados Unidos no fue informado por adelantado del uso de la base aérea Soto Cano como una escala para reabastecer combustible al avión que transportó al presidente Zelaya al exilio”.
El gobierno del presidente interino Roberto Micheletti intenta resistir la presión internacional para que regrese a Zelaya a la presidencia antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Insiste en que el mandatario fue retirado legalmente de su puesto tras violar órdenes de la corte con el fin de convocar a un referendo para preguntarle a los votantes si respaldarían reformas a la Constitución.
La misión de la CIDH se “trasladará a diferentes regiones del país para relevar (recabar) información y recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de estado”, dijo el organismo en un comunicado previo a la visita.
Si bien Honduras fue suspendida del seno de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de estado, la visita de la CIDH se realiza amparada bajo la ratificación -en 1977- del país centroamericano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las denuncias por parte organizaciones de derechos humanos en Honduras y de los líderes del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado se intensificaron esta semana cuando varias manifestaciones que exigen el retorno de Zelaya derivaron en disturbios violentos y daños a comercios.
Entretanto, una comisión negociadora de Micheletti viajará de nuevo el lunes a Washington a continuar entrevistándose con políticos de Usa en busca de una salida a la situación que vive el país, según informó el gobierno de facto.
El grupo se reunió la semana pasada con el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.
Lo integran Mauricio Villeda, ex candidato presidencial del oficialista Partido Liberal; Arturo Corrales, ex candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana y la ex presidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales, así como el canciller designado Carlos López, que no irá a la capital usamericana.
Ellos participan en el proceso de mediación emprendido por el presidente costarricense Oscar Arias.
Atacan con bombas diario hondureño
Varias bombas incendiarias de fabricación casera fueron lanzadas contra el periódico El Heraldo causando daños leves pero no heridos.
El jefe de redacción del periódico Fernando Berrio dijo que los artefactos fueron lanzados en la madrugada, cuando en las instalaciones sólo había personal de seguridad, que extinguió el fuego.
Detalló que un artefacto estalló a la entrada principal del periódico, otro en la puerta de entrada del personal y un tercero lo hizo a pocos metros de la entrada.
“Es un claro irrespeto a la libertad de expresión… fuimos objeto de un atentado… asumimos que es debido a la situación política” que vive el país, señaló Berrio.
Según el jefe de redacción, el diario mantiene una línea informativa neutral.
Sin embargo, la mayoría de medios privados del país han apoyado el golpe de estado y favorecido la postura del gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti; aquellos que tuvieron una postura crítica fueron censurados varios días.
Una unidad anti-explosivos de la Policía llegó al periódico y retiró dos bombas, conocidas también como cocteles Molotov, que no estallaron. No se reportaron detenciones hasta el momento.
Tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio, han habido almenos seis incidentes con granadas de fragmentación que han causando daños a varios locales.
Uno de ellos el del Colegio de Abogados que se había pronunciado a favor del golpe de estado. También Radio América y las inmediaciones de las oficinas de migración, fueron perjudicadas por explosivos.
También desde el golpe se registran manifestaciones diarias de simpatizantes del líder político depuesto que exigen su reinstalación. El sábado, los partidarios de Zelaya se congregaron en el Sindicato de la Industria de las Bebidas y Similares para marchar por varios barrios de la capital hondureña.
Destituyen a 4 cónsules de Honduras en Usa
Cuatro cónsules generales de Honduras en Usa han quedado separados de sus cargos por negarse a declarar su lealtad al derrocado mandatario Manuel Zelaya o por manifestarle su apoyo al presidente de facto Roberto Micheletti, informaron el viernes fuentes diplomáticas.
La medida, que afecta a los cónsules de Nueva York, Los Angeles, Washington y San Francisco fue ordenada a fines de julio por la canciller de Zelaya, Patricia Rodas y ejecutada por el embajador de Honduras en Usa, Enrique Reina.
“Se tuvo que proceder a destituir a varios de estos cónsules porque han manifestado su apoyo al gobierno golpista y hemos tenido que tomar medidas preventivas para no cerrar los consulados”, dijo el embajador en entrevista telefónica con la AP.
La orden afectó a un total de al menos 17 funcionarios de consulados en Usa, de acuerdo con el embajador.
El gobierno de facto de Micheletti atizó la polémica al reconocer como legítimos a los cónsules generales Vivian Panting, de Los Angeles; Francisco Venegas, de San Francisco; Carmen Belinda Martínez, de Nueva York y Bianca Micheletti, hija de Micheletti, de Washington D.C.
“Ellos son los genuinos representantes de Honduras en Estados Unidos”, apuntó durante una entrevista telefónica desde Honduras Martha Lorena Alvarado, vicecanciller del gobierno de Micheletti, aunque reconoció que el asunto era “complejo” pues el Departamento de Estado sólo reconoce al gobierno de Zelaya como legítimo.
O sea, el Departamento de Estado sólo reconoce como legítimos a Reina, como embajador y a Rodas, como canciller, por lo que sólo acredita en Usa al personal autorizado por estos representantes del ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras.
“Para mí (es) una cuestión inédita desde el punto de la diplomacia”, agregó Alvarado. “No sé hasta cuando será sostenible esta situación para el Departamento de Estado”.
Los trabajadores consulares fueron separados de sus cargos después de que Rodas pidió a los 10 consulados en Usa que expresen por escrito su postura sobre el golpe de estado, informó el embajador.
“Es importante mencionar que la nota debe estipular de manera clara y concisa, si dicha representación consular se mantiene a disposición del gobierno del presidente Zelaya”, reza una copia de la misiva fechada el 30 de julio, que obtuvo la AP.
Al día siguiente, los cónsules generales de San Francisco, Los Angeles y Washington D.C. fueron notificados mediante un memorándum que se había iniciado el proceso de su desacreditación ante el Departamento de Estado, de acuerdo con una copia del documento obtenida por la AP.
“No respondí esa carta porque no respondo a cartas que me piden que tome posturas”, manifestó Panting a la AP. “Soy la representante de 300.000 personas y no tomo bando”.
La embajada ejecutó la orden en las últimas tres semanas y sopesa la posibilidad de seguir con esta medidas, añadió el embajador.
Tanto la hija de Micheletti como su madre, Lilian Dolores Fiallo, fueron separadas el 2 de julio de su cargo en el consulado de Washington D.C., explicó el embajador.
Un letrero afuera del consulado en Los Angeles decía que estaba cerrado por cuestiones de seguridad y un vocero del el consulado de Honduras en Nueva York dijo a la AP que el viernes fue el primer día en que Martínez no fue a trabajar.
Está pendiente el caso de la cónsul general en Houston, Texas, Lastenia Pineda, quien fue separada de su cargo pero ahora está en espera de que el Departamento de Estado reactive sus credenciales, agregó el embajador.
Disturbios y toque de queda
Las autoridades de facto de Honduras impusieron un nuevo toque de queda tras los disturbios registrados al concluir manifestaciones masivas que exigían el regreso del presidente derrocado Manuel Zelaya.
Miles de partidarios de Zelaya que caminaron durante una semana llegaron a Tegucigalpa y se congregaron en el céntrico bulevar Juan Pablo II, donde escucharon y aplaudieron fogosos discursos exigiendo el regreso del presidente derrocado y condenaron el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
La multitud se acercó después a la casa presidencial, donde algunos quemaron neumáticos.
Al terminar la concentración, cuando los manifestantes se retiraron hacia la Universidad Pedagógica, donde pernoctarían, varios de ellos incendiaron un autobús de transporte público, declaró el ministro de Información, René Zepeda.
En las inmediaciones de ese lugar se constató que también fue atacado e incendiado un restaurante de la cadena yanqui Popeye’s.
Zepeda anunció que el gobierno restituyó el toque de queda, que elimina ciertas garantías constitucionales entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
Durante semanas después del golpe las autoridades instauradas en el poder han limitado las libertades y ejercido control sobre algunos medios de comunicación críticos.
El canal 6 de televisión mostró las imágenes del autobús en llamas, tras lo cual la policía comenzó a dispersar a manifestantes. En las escenas se vio cómo la turba sacó por la fuerza al chofer y los pasajeros para luego, con palos y piedras, golpear el vehículo y prenderle fuego.
El dirigente Juan Barahona desligó al Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado de los disturbios registrados, pues dijo que ocurrieron una vez que los manifestantes se encontraban en la Universidad Pedagógica.
“No tenemos en este momento mayor información. Algunos compañeros nos han dicho que eso (los disturbios) fue provocado por miembros de la policía infiltrados”, manifestó.
Pero el comisionado Danilo Orellana, jefe de la policía, dijo en rueda de prensa que “sabíamos que los protestantes concluirían su acción con disturbios porque se molestaron al no acudir más manifestantes a las actividades que programaron y buscaron confrontar a las autoridades”.
Informó que la policía arrestó a 40 personas, a las que envió a la fiscalía para procesarlas judicialmente.
Aseguró que “no permitiremos más actos vandálicos de los protestantes y, junto a la fiscalía, hemos adoptados medidas que aplicaremos en próximas manifestaciones violentas”.
Las dos grandes caminatas simultáneas -que los organizadores estimaron que reunieron a más de 14.000 personas- comenzaron el miércoles para concluir en las principales ciudades del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula, a unos 180 kilómetros al norte de la capital. Recorrieron 15 kilómetros diarios por siete días hasta llegar a sus destinos.
“Estoy cansado… he caminado desde el martes pasado”, dijo Gabo Paz, un agricultor de 32 años.
“Es una injusticia lo que han hecho con Mel (diminutivo con el que llaman a Zelaya). Y no queremos que gobierne otro presidente que el pueblo no ha puesto”, agregó.
La llegada de las marchas coincidiría con la de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que busca una salida a la profunda crisis política que atraviesa Honduras desde el golpe de estado del 28 de junio.
Sin embargo, el gobierno de facto canceló la llegada de la misión, objetando la presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aunque más tarde aceptó la presencia del funcionario como “observador”. Insulza anunció en Washington que la misión llegará a Honduras a finales de agosto.
Líderes del Frente denunciaron que la postergación de la llegada de la misión tuvo la intención de evitar que coincidiera con las manifestaciones registradas en la jornada.
La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, se integró a la marcha poco antes de que concluyera y luego les pidió en un discurso a los seguidores “persistir en la resistencia”.
En un comunicado, el Frente de Resistencia declaró que si en los próximos días el gobierno de facto no restituye a Zelaya aumentará sus acciones pacíficas para afectar “el normal desenvolvimiento de las operaciones comerciales” de empresas que apoyan el gobierno.
También anunció que promoverá en instancias internacionales el castigo penal contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos y que incluyen los asesinatos de participantes en las marchas.
Zelaya viajará el miércoles a Brasil y mantendrá un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó la cancillería de ese país.
La Interpol emitió órdenes de captura a tres funcionarios del gobierno de Zelaya, informó el jefe del organismo policial en Tegucigalpa, Rommel Martínez.
La sede de Interpol en Francia no confirmó de inmediato las supuestas órdenes de captura giradas contra el vicepresidente Arístides Mejía y los ministros Rebeca Santos y Rixi Moncada. La fiscalía los acusa de abuso de autoridad y fraude.
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