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ELPAIS.com | Noticias de Sección Internacional
sep
23
Cualquier simple mirada o zapping por los medios de comunicación de masas argentinos arrojará la impresión de que no sólo la libertad de expresión se encontrará próximamente amenazada, sino la totalidad de las libertades cívicas, e inclusive la producción y circulación del conocimiento.
Sólo porque se puso en debate la sustitución de la ley de medios de comunicación audiovisuales de la dictadura, aún vigente.
El apocalipsis culminaría en una apropiación gubernamental de los mensajes y formatos en una suerte de monolitismo unívoco y perverso que amordazaría toda posible disidencia, al mejor estilo de los estados terroristas.
Pero resulta llamativo que las locomotoras ideológicas de esta construcción discursiva sean precisamente los medios que sustentaron y acompañaron al Estado terrorista y se beneficiaron de él y de la continuidad de su Ley Nº 22.285, al punto de desembocar hoy en megaoligopolios capaces de dictar el lenguaje social.
Las plumas y conductores de radio y TV que enhebran la trama discursiva se surten además de hilos declamatorios de la clase política mimada y exaltada hasta el hartazgo por la maquinaria comunicacional hegemónica.
El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por ejemplo, exhortó a los senadores a combatir el proyecto de ley: “No convaliden este gobierno fascista que se lleva por delante a todo el mundo”.
Es decir, mantengamos la ley de la dictadura como instrumento de lucha contra “este gobierno fascista”.
Resulta particularmente sintomática la unánime genuflexión de los periodistas estrella (sean más estables o fugaces) de los grandes medios (con la honrosa excepción de Víctor Hugo Morales) superando toda la diversidad de orígenes y matices ideológicos en defensa de los intereses de sus holdings empleadores en sintonía con la cohorte política derechista.
El abismo salarial que los distingue de los anónimos trabajadores cotidianos de los medios no se ha reflejado en la posibilidad de exhibir siquiera un mínimo indicio de independencia de criterio, escrúpulos y ética profesional.
El hecho de que todo el arco reaccionario se haya aglutinado en torno a la oposición al proyecto de ley no debe llevar a concluir que contendría aspectos revolucionarios en materia comunicacional o que conculcaría alguna forma de propiedad o usufructo privado de un bien público como el éter.
Tampoco que el matrimonio presidencial se haya preocupado por la desmonopolización mientras resultó bien tratado por los monopolios, ya que el ex presidente Kirchner renovó escandalosamente por decreto las licencias de todos los grandes beneficiarios que hoy despotrican en su contra.
Muy por el contrario, no sólo el aire seguirá colonizado por fracciones del capital, sino que el proyecto de ley no roza siquiera algún eje transformador de la sustancia de los mensajes, de la naturaleza industrial y por tanto mercantil de la comunicación o de la garantía de distribución de las diferentes voces y actores sociales.
Es tan sólo un proyecto tímidamente antimonopólico, particularmente después de las enmiendas que el gobierno se vio obligado a introducir para atraer votos progresistas ante la intransigencia de la derecha, eliminando la autorización expresa para participar del mercado audiovisual, al duopolio telefónico multinacional.
Sin embargo, no es poca cosa poner límite a la concentración de mensaje y capital allí donde no lo hay.
Cualquier variante desde el más tibio progresista hasta el más radical revolucionario debería acompañar la iniciativa, con todas las reservas críticas que considere oportunas.
El resto son cuestiones algo cosméticas como el fomento difuso a la producción nacional o la apertura de algunos espacios a sectores políticos y sociales hasta hoy marginados de la participación, por cuya entrada probablemente se cuelen las fundaciones de las grandes empresas.
Con la gran objeción de los impugnadores respecto a la “autoridad de aplicación” sucede algo similar a la paranoia general con el proyecto.
Luego de una enmienda, este “peligroso” cuerpo colegiado de siete miembros contiene representación parlamentaria de la primera y segunda minoría, además de mayoría del ejecutivo, lo cual representa un avance a la actual autoridad de aplicación designada sólo por el poder ejecutivo.
Los propios legisladores de la primera y segunda minoría parlamentaria prefieren el statu quo actual porque el Comfer resulta, como bien señala Mempo Giardinelli, una institución “idiota”.
Fue originalmente concebida como un triunvirato integrado por un representante de cada una de las tres fuerzas armadas, dependiente del Ejecutivo, para prevenir cualquier expresión crítica, información y ya que estaban, la potencial escapada de una teta.
No obstante, el mamarracho de Videla se ha aggiornado en la práctica actual. Hoy es el ente tinellizador del discurso adornado con infaltables tetas.
El común denominador del lenguaje y la semiótica mediático-hegemónica es la impunidad.
En ella reside el monolitismo discursivo, la ausencia de pluralidad y matices que no sólo pretende formatear la realidad sino ejercer el monopolio nominativo.
La batalla que han emprendido supera inclusive la de la conservación de los intereses materiales velados por la narrativa mediática. Van por la potestad excluyente de nombrar las cosas.
Esta construcción de poder hegemónico, aunque centrada en Argentina, trasciende la ribera occidental del Río de la Plata.
Cualquier referente que pueda parecer aliado o simplemente acrítico -real o ficticio del matrimonio presidencial será inevitablemente estigmatizado y denostado, tanto como cualquier kirchnerista o acompañante progresista circunstancial.
No es externo a este escenario la instalación, amplificación y posterior impacto que los diarios “Clarín” y “La Nación” y sus tentáculos radiales y televisivos, le otorgaron a girones dialécticos del senador Mujica escogidos con intenciones escandalizantes, sin por ello soslayar la ingenuidad de no someter a revisión las transcripciones de una conversación casi íntima ante un grabador aparentemente desleal.
Dos escenarios se insinúan en el horizonte inmediato luego del trámite parlamentario en el Senado.
El primero supone la continuidad del statu quo actual sumado a las consecuencias de estímulo político que toda victoria siempre conlleva, a través de una votación negativa del proyecto de ley.
En esta dirección trabajan desde la vicepresidencia de la nación hasta buena parte del arco político que se articuló hace un año en torno a la Sociedad Rural en la lucha contra la resolución 125 de retenciones diferenciales a las exportaciones de granos.
El segundo, el de la promulgación de una nueva normativa de medios audiovisuales con o sin variantes al recientemente votado por la cámara baja.
Este último implicará el paulatino cambio de manos de algunos medios nacionales y/o provinciales que excedan el límite generoso de concentración que la ley aún les concede y según la ponderación que cada holding haga de la rentabilidad material o simbólica de cada una de las licencias que usufructúa.
De todas formas, no pasará mucho tiempo hasta que una nueva ley vuelva a estar sobre el tapete. No sólo en Argentina sino en toda América Latina.
Es que la velocidad de las transformaciones tecnológicas volverá a estimular el apetito rentístico de la industria cultural y a plantearle a la sociedad civil el desafío de ejercer algún derecho sobre el bien público que dé la información, la opinión y las comunicaciones, montadas en el también público espacio aéreo.
No nos referimos a principios generales como la estatización, que habrá que evaluar en cada caso.
En los medios de propiedad estatal rara vez se asegura un acceso pluralista a la emisión de mensajes o a un control democrático de su gestión.
En la mayoría de los casos, la comunicación ha sido sustraída de las instituciones susceptibles de democratización.
Esa misma naturaleza es la que impulsa a los actores políticos a actuar por acción u omisión en contra del pluralismo social e ideológico, o a favor de un control democrático de su gestión. Por omisión de una legislación favorable al pluralismo, éste no tiene vigilancia.
El derecho a la comunicación se encuentra de hecho “delegado” a los “entes expertos”, a los medios, o, en términos más amplios, a los “encargados” de buscar, procesar y entregar la información a la que la sociedad civil tiene derecho.
La necesidad de reformular la acción de los medios de comunicación en un contexto social con participación activa, se funda en la absurda realidad ideológica vigente, por la cual un sistema empresarial ha pasado a ser sinónimo de libertad de expresión.
El sistema de comunicaciones, tal cual lo conocemos en el modelo mercantil, especialmente en su aplicación, requiere ser democratizado.
Esto implica que no sólo debe permitirse el pluralismo, también debe fomentárselo con disposiciones concretas, erigiendo derechos y garantías a los actores sociales independientemente de su poder o lugar en la estructura de propiedad.
Dada la situación desigual de que se parte, cualquier política de “laissez faire” sólo tendería a reproducir, o a aminorar sólo marginalmente, las estructuras preexistentes y no habría efectivo pluralismo, ni democratización alguna.
Encarar esta dificultad debería ser un punto ineludible de una agenda de transformaciones, cualquiera sea la orilla y el poder mediático que se le oponga.
Emilio Cafassi
Profesor titular e investigador de la Universidad de B.A. escritor, ex decano
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