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GONZALO GAGGERO: BORDABERRY MINTIO

publicado en Politica y Partidos | 0 Comentarios

El candidato presidencial colorado, Dr. Pedro Bordaberry, dijo ayer que la noticia del diario La República sobre la investigación de la Justicia por simulación de arrendamiento de tierras que lo incumbe “es una falsedad” y que pondría el asunto en manos de abogados. El presidente del Instituto Nacional de Colonización, el Ingeniero Gonzalo Gaggero, declaró que Bordaberry está mintiendo y que hay documentos que lo demuestran.

El diario La República indica que accedió a documentos que confirman la noticia publicada ayer.

La escritura pública número 8.103 realizada en Panamá, el 29 de junio de 2005, otorga poder general por parte de la sociedad Portmar Invest Group SA, a Juan Pedro Bordaberry y/o Diego Rafael Viana Martorell.

La sociedad panameña Portmar Invest Group SA adquirió el crédito hipotecario de los campos de Rausa en Maldonado, por la suma de U$S 2.250.300, al día siguiente, cedido por la sociedad Levsey SA, aparentemente sin ganancias para esta última.

Para confirmar más la participación personal de Bordaberry en el asunto que está siendo investigado, Bordaberry posteriormente envió una carta.

El poder general otorgado a Juan Pedro Bordaberry y/o Diego Rafael Viana Martorell es realizado en la ciudad de Panamá por el Dr. Benigno Vergara Cárdenas, notario público del octavo circuito notarial de Panamá.

El documento dice que en esa fecha comparece personalmente Francis Peres, mujer, mayor de edad, soltera, secretaria, panameña, vecina de la ciudad de Panamá, en su calidad de directora/presidenta de Portmar Invest Group SA.

Igualmente comparece personalmente Leticia Montoya, mujer, mayor de edad, soltera, secretaria, panameña, vecina de la ciudad de Panamá, en su calidad de directora/secretaria de la misma sociedad.

Este es el modus operandi de los uruguayos que compran sociedades panameñas. Los ciudadanos panameños de acuerdo a la legislación panameña no son sustituidos por los uruguayos, sino que les otorgan un poder absoluto a quienes son los verdaderos dueños.

En este caso Pedro Bordaberry y Viana Martorell.

Tanto Francis Peres como Leticia Montoya, secretarias solteras panameñas, son testaferros del estudio Mossak Fonseca & Co. especializado en crear sociedades offshore y figuran en otras tantas sociedades de papel.

El documento señala que Portmar Invest Group SA es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá y domiciliada en ese país, debidamente registrada en la Sección Mercantil del Registro Público con la ficha 478625, documento 744726.

Las dos mujeres, directoras de Portmar, otorgan poder general a Juan Pedro Bordaberry, con cédula de identidad 1.584.569-7 y/o Diego Rafael Viana Martorell, con cédula de identidad 1.490.342-2, ambos con domicilio en la calle Cerrito 415, piso 5, la misma dirección del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, donde ambos eran socios.

Entre los amplios poderes que se otorgan por parte de Portmar SA a Bordaberry y Viana Martorell se encuentran los de administrar la sociedad sin limitación alguna; celebrar o llevar a cabo contratos o actos de toda clase; hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la sociedad, etc.

El poder conferido, dice el documento, podrá ser usado y ejercido en forma indistinta por Bordaberry y Viana Martorell en cualquier parte del mundo, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

También se legalizó el documento en el Consulado uruguayo en Panamá, el mismo día 29 de junio de 2005 y entre otros está firmado por el entonces embajador uruguayo en Panamá, Domingo Schipani, hoy director de Tratados de la Cancillería, de notoria filiación colorada.

Entrevistado por varios medios, Pedro Bordaberry afirmó que el caso de simulación de arrendamiento de tierras en el cual aparece involucrado es una falsedad con intencionalidad política.

“El tema se lo paso a los abogados y que le hagan un juicio al que dio la información falsa, punto”, dijo el candidato colorado.

Además sostuvo que los periodistas puede ir al juzgado a ver el expediente y “van a ver que yo no soy parte”.

“Están tratando de involucrarme porque estamos a poco días de las elecciones”, señaló Bordaberry , quien admitió que en 1999 ­antes de ser ministro de Turismo realizó como abogado un trámite por una de las empresas vinculadas a la denuncia ante la Intendencia de Maldonado por exoneración de Contribución Inmobiliaria.

El contrato de arrendamiento

El 1º de mayo de 2005 Rausa, representada por Gregorio Aznárez, firmó un contrato de arrendamiento de los padrones de su propiedad, en la 5ª Sección Judicial de Maldonado, por 15 años a un precio de U$S 0,85 la hectárea anual, para hacer bajar el valor del posterior remate de las tierras y que nadie interviniera.

Como curiosidad debe señalarse que el contrato de arrendamiento se realiza con anterioridad al documento que le otorga poder a Bordaberry y Viana Martorell.

En efecto el contrato de arrendamiento, al que accedió LA REPUBLICA, está fechado el 1º de mayo de 2005, mientras que el poder otorgado a Bordaberry y Viana Martorell está fechado el 29 de junio de 2005, pero lo firma en nombre de la SA panameña el estudio de Bordaberry y Viana Martorell.

La arrendadora de los campos es Remolacheras y Azucareras del Uruguay SA (Rausa), representada por el Ing. Agr. Gregorio Aznárez, quien actúa en su calidad de apoderado.

La arrendataria es la sociedad panameña Portmar Invest Group SA, domiciliada en la calle Cerrito 415, piso 5, domicilio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, representada por el Dr. Diego Viana Martorell.

Los padrones rurales arrendados componen un área total de 3.913 hectáreas 322 metros. El destino del bien será la ganadería y/o la agricultura, dice el contrato, que tendrá vigencia por quince años a partir de la fecha.

El numeral cuarto del contrato establece que la sociedad Levsey SA (RUC 213997750019), domiciliada también en el estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause y representada por los Sres. Luis Vargas y Guzmán Vargas, en su calidad de acreedor hipotecario, otorga el consentimiento, declarando la total conformidad y anuencia al plazo pactado por las partes.

En el numeral quinto se fija el precio total del arrendamiento que es de U$S 0,85 la hectárea anual.

El documento se realiza ante el Esc. Diego Stirling Martins, el mismo que actuó cuando, el 29 de marzo de 2004, el BROU cedió parcialmente el crédito de Rausa a la empresa Levsey SA, hasta el monto de US$ 3.400.000, correspondiente a los padrones rurales ubicados en la 5ª Sección Judicial del departamento de Maldonado.

Propuesta a la Intendencia de Maldonado

El 14 de setiembre de 1999, en papel membretado del Estudio Héctor A. Viana, domiciliado en Cerrito 507, piso 5 y en papel notarial del Esc. Diego Stirling Martins, el Dr. Pedro Bordaberry realiza gestiones ante la Intendencia de Maldonado a nombre de la sociedad Levsey SA.

En dicha carta, dirigida al entonces intendente Camilo Tortorella, sucesor suplente del Ing. Enrique Antía, Bordaberry realiza diversos ofrecimientos y peticiones relativos a los campos de Rausa.

“Proponente. Esta propuesta es realizada por el suscrito, en su calidad de asesor jurídico y representante de Levsey Sociedad Anónima. Dicha sociedad se encuentra integrada por diversos inversores que se reunieron con el fin de adquirir los inmuebles que se dirán. Los mismos ya realizaron operaciones similares en los departamentos de Colonia (Carmelo), Montevideo (Colonia Nicolich) y Canelones (Atlántida)”, dice el documento.

Agrega que los referidos inversores poseían, entonces, una opción de compra de los créditos que el BROU tenía contra Rausa.

“Estos créditos se encuentran garantizados con primera hipoteca sobre diversos inmuebles ubicados en la zona de Pueblo Aznárez. El grupo inversor pretende adquirir el crédito, rematar judicialmente el mismo y adquirir los inmuebles en la almoneda”, continúa la carta de Bordaberry.

Parte de los terrenos de Rausa se encontraban ocupados por gente que había quedado sin trabajo cuando se fundió la azucarera y otros eran utilizados para actividades sociales y deportivas.

Puesto que Rausa no había pagado la Contribución Inmobiliaria, en algunos casos desde 1982 y en otros desde 1990, Bordaberry propone abonar la deuda.

Además declara el “obvio interés social que existe para no remover a las familias de los terrenos que ocupan y seguir permitiendo el desarrollo de las actividades”.

Finalmente Bordaberry destaca que “la inversión que se realizará, volverá a dotar de interés a una zona que se encuentra desde hace varios años víctima de la recesión y de la crisis de Rausa”.

La carta tiene sello de recepción de fecha 22 de setiembre de 1999 y está firmada por el candidato colorado Pedro Bordaberry.

En resumen, el nombre de Bordaberry sí está presente en la investigación, era portador de un poder general de la SA panameña, propiedad de dos secretarias, para decidir todo sobre su accionar comercial, pero además era representante de otra SA, en este caso uruguaya, según él “integrada por varios inversores”, que fue la que adquirió los créditos vencidos de Rausa al BROU. Bordaberry, como representante de la SA uruguaya, dio su consentimiento para que Rausa le arrendara en menos de un dólar por hectárea por 15 años las tierras a la sociedad panameña de la que era representante con un poder general.

Fuente:La República

Esta es la nota publicada ayer viernes por el diario La República:

Justicia investiga a Bordaberry por simulación de arrendamiento de tierras
Utilizando una sociedad panameña mediante testaferros, el candidato presidencial colorado, Pedro Bordaberry, simuló el arrendamiento de las tierras de Rausa, “pagando” un precio vil de 85 centavos de dólar la hectárea, durante 15 años, al mismo tiempo que compraba un crédito del BROU contra Rausa, de US$ 3.400.000 en US$ 2.250.300.

La maniobra se realizó a través de una empresa panameña. La simulación del arrendamiento, fue denunciada por el Instituto Nacional de Colonización ante el juzgado de sexto turno a cargo del juez Dr. Jorge Catenaccio Alonso, quien lleva a cabo la investigación respectiva.

La maniobra, en torno a las fundidas tierras de Rausa, en la que participó como representante de dos sociedades, el Dr. Pedro Bordaberry y el Dr. Héctor Viana Martorell, intentaban acceder a tierras valiosas a precios muy inferiores.

Para ello, una sociedad anónima panameña, compró el crédito de la deuda de Rausa con el Banco República, accediendo a tierras muy valoradas por un precio muy inferior.

Simuló un alquiler ficticio de los campos para depreciar su valor y así poder blanquear las tierras en un remate, sacándolas de la órbita del BROU. El Instituto Nacional de Colonización (INC) advirtió la maniobra y adquirió buena parte de las tierras.

El caso está en la Justicia, en el Juzgado Civil de 6º Turno a cargo del Dr. Jorge Catenaccio Alonso, que investiga la simulación de arrendamiento.

Con la participación del Dr. Héctor A. Viana Martorell, integrante del estudio jurídico del que el Dr. Pedro Bordaberry formaba parte hasta hace poco tiempo, Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, se verificó este negocio que ahora está en manos de la Justicia por simulación de arrendamiento.

Desde el 24 de marzo de 1983, el BROU era acreedor de la fundida empresa Rausa por US$ 19:500.000. Como garantías hipotecarias el Banco contaba con 5.500 hectáreas de campo ­3.900 has. en Estación “La Sierra” en Maldonado y 1.600 hás. en la Estación Montes en Canelones­.

El 29 de marzo de 2004, ante el escribano Felipe Stirling, el BROU cede parcialmente el crédito de Rausa a la empresa Levsey SA, hasta el monto de US$ 3.400.000, correspondiente a los padrones rurales ubicados en la 5ª Sección Judicial del departamento de Maldonado, recibiendo la suma de US$ 2:250.300. Levsey SA, se presentaba a sí misma como integrada por diversos inversores, con el fin de adquirir diversos inmuebles en Colonia, Montevideo, Canelones y Maldonado, siendo sus representantes los Dres. Luis y Guzmán Vargas, pero también los doctores Héctor A. Viana Martorell y Pedro Bordaberry.

El 1º de mayo de 2005, Rausa, representada por Gregorio Aznárez, firmó un contrato de arrendamiento de los padrones de su propiedad, en la 5ª Sección Judicial de Maldonado, por 15 años a un precio de US$ 0,85 la hectárea anual, para hacer bajar el valor del posterior remate de las tierras y que nadie intervenga.

Sí, no hay error contrató por quince años a ochenta y cinco centavos de dólar la hectárea por año, inimaginable.

Durante el gobierno del Dr. Batlle, Pedro Bordaberry fue ministro de Turismo hasta el 1º de marzo de 2005, siendo proclamado como candidato a la Intendencia de Montevideo el 21 de febrero de ese año.

La sociedad panameña Portmar, arrendataria de los campos de Rausa, otorga poder general a los Dres. Pedro Bordaberry y Diego Rafael Viana Martorell el 29 de junio de 2005.

Al día siguiente, ante el escribano Felipe Stirling, la sociedad Levsey SA cede a la panameña, Portmar, el crédito hipotecario de los campos de Rausa en Maldonado, por la suma de US$ 2:250.300. Aparentemente, la sociedad Levsey SA no saca ganancia, puesto que vende el crédito al mismo precio que lo compró.

La sociedad panameña de Bordaberry remata esas tierras en dos tandas. Primero las 3.900 hás. de Maldonado en US$ 1.020 la hectárea, precio muy por debajo de lo que indicaba el mercado.

El INC se interpone y adquiere esas tierras rematadas, según la potestad que le otorga el artículo 35 de la ley que creó el Instituto. Un segundo remate se lleva a cabo de las 1.600 hás que poseía Rausa en Canelones, a un valor de US$ 5:000.000 por el total, lo que resulta entonces un precio elevado de acuerdo a los informes técnicos del INC.

El pasado lunes 21 de setiembre 2009, el candidato del Partido Colorado, Juan Pedro Bordaberry, afirmó en Durazno, que el Instituto Nacional de Colonización (INC) “se dedica a especular con el precio de las tierras” y que “juega a la timba” con la compra venta de los terrenos.

El candidato llamó a instrumentar “medidas valientes” para atender la situación del campo.

“Ahora, Colonización también es un inversor que juega a la timba de la compra y de la venta de tierras”, especulando con los precios de las mismas, “en vez de colocar colonos”, dijo.

El líder de Vamos Uruguay, calificó como “muy mala” la Ley de Colonización.

Consultado por LA REPUBLICA, el presidente del INC, Ing. Agr. Gonzalo Gaggero, dijo: “Lo primero que tengo que decirle a Bordaberry es que demuestre lo que está afirmando; lo segundo es que lea el plan político que se elaboró al inicio de esta gestión”.

Gaggero dijo que “evidentemente Bordaberry, de ninguna manera puede tener el concepto de tierra social, que sean destinadas a los pobres y los humildes del campo, porque, como abogado de un banco, se dedicó a embargar productores en la época que era ministro de Turismo”.

Gaggero recordó que denunció esta situación en aquel momento, lo que derivó en que Bordaberry inmediatamente presentara renuncia como abogado de esa institución bancaria privada.


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