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LA OPINION DE EMILIO CAFASSI: CLIENTES O CIUDADANOS ?

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Buena parte de los debates políticos argentinos recientes contaron con la sorpresa como fiel acompañante y en consecuencia estimularon el desconcierto ciudadano, la pérdida de ideales, horizontes estratégicos y la banalización inmediatista de las posibles decisiones a adoptar.

Como en Argentina nunca pudo construirse una izquierda política, las distinciones entre progreso y reacción siempre resultaron difusas aunque algunas discusiones recientes contribuyen a borronear aún más el escenario.

La ola crítica del neoliberalismo no puede capitalizarse más que como bendición coyuntural, ante el vacío de organización colectiva.

Es que la virazón es el único rumbo aceptado y reconocible por las figuras políticas en una regata de navíos personalistas hacia la boya clientelar, para la cual orientarán velámenes según aconsejen los vientos y sus inefables pronosticadores.

Sorpresa, oportunismo y personalismo atraviesan por igual al conjunto del arco “representativo”, ya se autodenomine oficialista u opositor.

En estos días resultó apreciable en el debate parlamentario por la instauración del 82% móvil para los haberes jubilatorios y en el más reciente sobre la caducidad de la licencia de provisión monopólica del servicio de Internet de la empresa Fibertel perteneciente hoy al oligopólico grupo Clarín.

En el primer caso la iniciativa parlamentaria no surgió del “progresismo” gobernante sino de la alianza opositora que fue gestándose al calor de las luchas y movilizaciones de hace un par de años, acaudilladas por la Sociedad Rural Argentina (SRA, el gremio de los grandes terratenientes históricos) con el objeto de resistir las retenciones (o detracciones en otra jerga económica) móviles a las exportaciones de granos y en consecuencia las potenciales distribuciones de la renta agraria a través de ese instrumento fiscal.

Digámoslo sin ambages: surgió de la derecha no reciclada hoy en el kirchnerismo, es decir del tronco rancio e histórico y de algunos residuos indigeribles por el oficialismo, cuyo interés en este “logro popular” no pasa del que supondría el mero desgaste del oficialismo, leído torpemente, además, como reforzamiento propio.

En el plano político el peronismo de derecha, el radicalismo, el macrismo, la GEN, la CC, PS, etc, el llamado “Grupo A”, aunque además, por su “predisposición movilizadora”, se le fueron incorporando bases sociales como la propia SRA y otras entidades agrarias, los oligopolios comunicacionales en su totalidad, la “farándula organizada”, las universidades privadas y sus prolijos estudiantes antimonopólicos que constituyen audiencias monopolizables, etc.

Pero tampoco el oficialismo mostró interés alguno en discutir una estrategia previsional crecientemente inclusiva y socialmente niveladora o aún un balance de la recuperación de los fondos privatizados por las AFJP (equivalentes a las AFAP uruguayas).

De lo contrario hubiera argumentado algo más que el denuesto de los autores de esta iniciativa, ante la obviedad oportunista y demagógica de su inclusión en la agenda parlamentaria.

Es un debate que se origina en el ámbito parlamentario, que expresa una alianza política precisa para impactar luego fuertemente en el campo mediático.

Sin embargo, no por ello deben despreciarse algunas conquistas parciales que el kirchnerismo le otorgó a la vejez como la incorporación al sistema previsional de ancianos con aportes incompletos o aún sin ellos, los ajustes en los haberes por decisiones directas del poder ejecutivo o la ya mencionada recuperación de los fondos previsionales privatizados por el menemismo.

No pretendo afirmar que sus iniciativas y propósitos políticos sean idénticos a los de la derecha sino sólo sus concepciones y prácticas de la representación política, del ejercicio del poder y de la relación dirigentes-dirigidos.

De forma tal que desperdicia en este caso puntual una oportunidad inmejorable de debatir sobre derechos más allá de los números, que sólo pueden estar asegurados por la garantía de movilidad, independientemente de si las cuentas permiten el 82% o cualquier otro porcentaje del salario en actividad.

La fijación de un haber vital a través de la potestad exclusiva de un poder, no recuerda a la emancipación ciudadana sino a las gracias papales.

No es idéntico obtener algo por derecho que eso mismo por concesión, desde el punto de vista del vigor cívico y el estímulo a la independencia y capacidad crítica que producen y estimulan.

De forma tal que lo mínimo que podía esperarse de un bloque que se autodenomina progresista era una contrapropuesta fundada en análisis presupuestarios y proyecciones estadísticas pero que incorporara la movilidad que de hecho instituía el proyecto original.

También se desperdicia una oportunidad de revisar la rebaja de los aportes patronales implementada en la noche neoliberal y de devolver a la derecha sus propias iniciativas, mejoradas con genuinos instrumentos económicos redistributivos.

Apelar por último al instituto del veto, cuyo carácter monárquico tuve ocasión de discutir en estas páginas ante casos como la ley de glaciares en Argentina o la ley del aborto en Uruguay, tal como insinúa la Presidenta en caso de lograr la aprobación en el senado, confirma el consenso sobre la naturaleza fiduciaria del lazo representativo que comparte la totalidad de la clase política argentina y el consecuente desprecio por la ciudadanía.

En el caso de la caducidad de la licencia de Fibertel para ofrecer servicios de Internet, el debate se disparó, contrariamente al anterior, en el ámbito mediático para pasar posteriormente al político y probablemente al parlamentario en los próximos días.

Se inscribe dentro del conflicto que el gobierno mantiene con el megagrupo empresario Clarín por razones e intereses que en nada se emparentan con la libertad de expresión, la elección de alternativas o cualquiera de las excusas que aludan al derecho a la información o a la libertad de consumo que alguno o ambos actores esgriman.

Por el contrario, es un momento más en la realimentación de la confrontación abierta por la ley de medios audiovisuales y los intereses económicos que genera.

En este simple caso, si como ambos oponentes reconocen, los clientes de Fibertel rondan el millón y un servicio básico los $ 100 argentinos, la facturación que esta medida pone en cuestión es del orden de los 100 millones mensuales, es decir, de unos 25 millones de dólares mensuales o 300 anuales.

Recién tomé conciencia de la repercusión, más allá de la previsible alharaca de la empresa, cuando algunos estudiantes e inclusive colegas comenzaban a asumir preocupaciones o temores proporcionales a los slogans y lugares comunes de los empresarios.

O también cuando los defensores del progresismo gubernamental se hacían eco de la hilarante afirmación de que habría cientos de alternativas a esta empresa.

Hay en el sentido común progresista del temor a la pérdida de una conquista que estaría intersectando este discurso.

Porque con o sin Fibertel, en Argentina, el gran ausente es el derecho ciudadano a la información y la comunicación y sobre todo la absoluta monopolización y ausencia de alternativas de elección en materia de proveedores de medios y contenidos.

El proceso de digitalización de la cultura y la comunicación, los contenidos audiovisuales y su acceso no elimina la naturaleza finita y concentrada de los medios físicos de distribución, ni menos aún la naturaleza compleja de las estructura de propiedad sobre las que reposan las diferentes partes constitutivas de su puesta en funcionamiento concreto.

Una conexión a Internet puede darse sólo a través de dos medios: cables o el éter.

Usando los primeros y si no se instala específicamente para conexión a Internet, puede compartirse para tal fin los ya instalados para telefonía en cobre (a través de un servicio adsl) o coaxil de TV (el caso de Fibertel en Argentina) o en un futuro no muy lejano a través de fibra óptica.

Usando el éter mediante las redes de telefonía celular 3G o mediante empresas emisoras específicas (como Dedicado en Uruguay).

El éter es espacio público por definición, único e indiviso (sólo divisible a través de licencias públicas) y las diversas variantes de cableado, si bien no monopolizan el espacio público lo influyen y apropian parcialmente y resultan muy poco flexibles a la competencia.

Los procesos de concentración de capital terminan absorbiendo la muy escasa competencia potencial.

En la ciudad de Buenos Aires hay sólo dos proveedores de cable de TV y en consecuencia dos propietarios del servicio de provisión de Internet por esos cables (luego de la fusión que produjo el oligopolio Clarín) y uno de telefonía fija (según la zona de residencia), independientemente del nombre de las empresas proveedoras y del subdominio (lo que aparece a la derecha de la @) que administren.

En la mayoría de las ciudades restantes sólo una opción en cada caso.

Independientemente de la preocupación de la oposición argentina en nombre de la libertad de prensa o la del gobierno en nombre de la de consumo, sólo hay dos proveedores a elegir en cualquier caso: telefónicas por cobre o éter (en Argentina no hay proveedores de servicio inalámbrico) o de proveedores cable de TV.

Resituar en el contexto tecnológico actual el problema del derecho ciudadano a la información y a la comunicación, quedará para una próxima oportunidad.

Pero será siempre más amplio que el de este acotado caso argentino. Inversamente podrá fructificar más y mejor allí donde el progresismo no sea sólo una oferta de freeshop, es decir una elección de “tómalo o déjalo” mientras convenga, que nunca implica más que la libertad de cualquier respetado cliente.

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
Emilio Cafassi
Universidad de Buenos Aires
Profesor Titular e investigador
Facultad de Ciencias Sociales

www.hipersociologia.org.ar

Skype: emilio.cafassi
cafassi@sociales.uba.ar


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