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El 31 de agosto 2010 vence el plazo para la presentación al Parlamento del Presupuesto general. Allí se definirá el espacio fiscal, es decir en cuánto se podrá incrementar el gasto total.

La cifra es muy importante porque el Parlamento no puede incrementar dicho gasto, salvo para atender a los organismos del artículo 220 de la Constitución, que tienen el derecho de presentar sus propios presupuestos.

Para los otros incisos el Parlamento puede redistribuir pero no puede aumentar.

La política fiscal es uno de los principales instrumentos de la política macroeconómica.

En determinadas circunstancias puede ser más o menos importante que la política monetaria o cambiaria.

La política fiscal (gastos e ingresos públicos) puede influir sobre el crecimiento y sobre la distribución del ingreso.

Sobre el crecimiento a través de políticas impositivas que estimulen la inversión productiva, como por ejemplo exenciones fiscales, y a través de un gasto público que dinamice la demanda interna.

Sobre la distribución del ingreso, y especialmente para su redistribución aumentando el gasto público, otorgando prioridad a sectores sociales más vulnerables y redistribuyendo a través de la tributación.

Para el neoliberalismo, para la derecha en general, la política fiscal debe tener un rol neutral.

Consideran una mínima intervención del Estado, porque el sector privado y el mercado están en condiciones de resolver todos los problemas económicos y sociales.

Por lo tanto, proponen bajar el gasto público y por consiguiente los impuestos, para permitir que el sector privado tenga las mayores posibilidades de expansión sin interferencias del Estado.

Para determinar el espacio fiscal y el gasto público total es necesario encontrar un equilibrio entre los distintos objetivos de la política fiscal en la actualidad. Hay objetivos financieros, de crecimiento y de equidad.

Entre los objetivos financieros se ubican los niveles de deuda pública y de déficit fiscal.

La deuda pública ha venido creciendo en los últimos años, aunque su proporción con respecto al PBI ha venido descendiendo. Ello es consecuencia de una sobrevaluación del PBI expresado en dólares por el descenso del tipo de cambio nominal.

Si el PBI es 100 y el tipo de cambio es de 30, el PBI en dólares será de 3,3. Ahora, si el tipo de cambio es de 20 será de 5 dólares.

Como la deuda es relativamente alta hay que actuar cautelosamente sobre dicha variable, aunque puede darse cierto margen si pensamos que la tasa de interés en Usa es alrededor de cero y Uruguay tiene una buena entrada en los mercados financieros internacionales. Téngase en cuenta que la deuda financia el déficit fiscal.

Este influye en la imagen en los mercados financieros internacionales, por los criterios de prioridad a lo financiero de las calificadoras de riesgo y de los propios organismos financieros internacionales.

En los últimos años el conjunto de los países de la región ha sido muy cuidadoso y no ha tenido desequilibrios financieros importantes. Lo que para nosotros es muy claro es la inexistente correlación entre déficit fiscal e inflación.

El FMI en su larga trayectoria nunca encontró elementos empíricos para mostrar dicha ligazón, aunque ellos aplican más recetas teóricas que verificaciones específicas para cada país.

El equipo económico se plantea el déficit fiscal como fruto de resultados estructurales, lo que le puede permitir cierto margen de maniobra en cada coyuntura.

La política fiscal debe adecuar estos objetivos financieros con los clásicos objetivos de crecimiento y justicia social.

El crecimiento se viene logrando en 2010 y probablemente en 2011, con cierto grado de influencia del aumento de los precios internacionales de nuestros productos de exportación y de la llegada de inversiones directas extranjeras.

El énfasis no estaría en una política anticíclica para asegurar crecimiento, sino especialmente en el objetivo de redistribución del ingreso.

Para ello es importante el espacio fiscal y por lo tanto, el gasto público global. Hay quienes ponen énfasis en que en el período pasado hubo una redistribución del gasto, desde el pago de los intereses de la deuda hacia el gasto social. Inclusive se plantea que los intereses sobre el PBI cayeron en 14 puntos.

En realidad lo que ocurrió fue un aumento de la deuda y, por lo tanto, un aumento de los intereses en dólares.

Pero en el presupuesto los intereses se calculan en moneda nacional y éstos descendieron en la medida que los dólares se compraron a 19 o 20 pesos y no a 28,70 como ocurría en 2004.

De alguna manera el aumento del gasto social fue financiado por la caída del tipo de cambio nominal.

Como no estamos de acuerdo con esta política cambiaria, que atendió objetivos financieros y antiinflacionarios y no de competitividad, deseamos un financiamiento más genuino para los gastos sociales y atender el objetivo de la redistribución del ingreso.

Las alternativas para atender un adecuado espacio fiscal y nivel del gasto público son varias:

1.- Que el gasto público surja como resultante de los objetivos financieros. Es decir, se fijan las metas de deuda y de déficit fiscal, se mantienen los impuestos y la resultante es el gasto público total. No estamos de acuerdo con priorizar exclusivamente los objetivos financieros.

2.- Atender exclusivamente las demandas sociales, algunas de ellas justificadas, otras absolutamente fuera de la realidad como la exigencia de otorgar a la educación el 6% del PBI.

Todos queremos contemplar al sistema educativo público pero no compartimos las medidas de paro y ocupaciones por un porcentaje imposible de alcanzar.

Atender en exclusividad las demandas sociales puede generar fuertes desequilibrios financieros que tampoco compartimos.

3.- Hay que buscar un equilibrio entre los objetivos financieros y la lógica redistribución del ingreso a la que aspira todo gobierno de izquierda.

Si se requiere un gasto social mayor que el resultante de los objetivos financieros quedan varias vías para resolverlos.

a) Modificar levemente las metas financieras sin afectar la muy buena imagen del país en los mercados financieros internacionales.

b) Cubrir la diferencia de los requerimientos sociales con el déficit fiscal ya fijado con un aumento de los impuestos. El equipo económico se ha planteado más bien reducir impuestos, como por ejemplo, los dos puntos de IVA.

Proponen aumentar los ingresos públicos con el crecimiento económico y financiar las reducciones impositivas con una mayor eficiencia de la administración fiscal.

Lo que estamos planteando es además un aumento de los ingresos fiscales, por ejemplo, a través de bajar las desmesuradas exenciones fiscales que se están otorgando a la inversión productiva.

Se podría, sin grandes dificultades, recortar una parte de las exenciones impositivas que en la actualidad superan el 4% del PBI y por lo tanto, están por encima de los 1.200 millones de dólares anuales.

Las exoneraciones al IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) son una muestra del nivel exagerado de las mismas, alcanzando en 2008 al 60% de su recaudación.

De esta manera se contemplarían los objetivos financieros con la redistribución del ingreso y podrían surgir algunos aumentos, por ejemplo para vivienda, que es una de las prioridades del futuro presupuesto.

Por otro lado, habría que analizar las relaciones estructurales del gasto público sobre el PBI, el que en el período 2005-2009 descendió un punto con respecto al quinquenio anterior y no es alto en la comparación internacional.


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